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ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO A LA GOBERNACION DEL META POR ALTERNATIVA DEMOCRATICA
 
   
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Doctor

Edgardo José Maya Villazón

Procurador General de la Nación:

ref,

1.- acción de nulidad electoral de los comicios Presidenciales del 28 de mayo de 2006

2.- derechos de petición:

seguridad democrática y especial protección para las personas que han cuestionado el fraude electoral en los comicios del 28 de mayo de 2006.

permiso de acceso al CNE para los ciudadanos que van a denunciar las anomalías observadas antes durante y después el escrutinio de la elección presidencial del 28 de mayo de 2006. 

ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO, con base en el artículo 277 numeral 7 de la Constitución política, solicito:

1.- declarar urgencia nacional para defender los derechos y garantías fundamentales de los cuidadanos que cuestionan las arbitrariedades ejecutadas durante los comicios presidenciales

Pedimos a la Procuraduría general de la nación coadyuvar en la presentación y argumentación de la correspondiente acción de nulidad electoral de los comicios Presidenciales del 28 de mayo de 2006, hechos como el que se narra a continuación deslegitiman la elección de Álvaro Uribe Vélez. En ANNCOL, encontramos innegables pruebas e irrefutables argumentos que además de los fraudes electrónico e informático ocurridos el 28 de mayo de 2006, viabilizan la nulidad electoral de los comicios del 28 de mayo de 2006 para la elección de Presidente de Colombia.

"Mediante un comunicado, titulado “Colombia libre de comunistas”, el grupo paramilitar 'Brazo Armado de las Ex-AUC' ha manifestado su apoyo incondicional al actual mandatario, asegurando que “el único camino que nos queda a todos los colombianos es apoyar incondicionalmente la política de seguridad democrática de nuestro candidato-presidente doctor Álvaro Uribe Vélez”.

Por Rebelión

La extrema derecha colombiana ha mostrado cuál es su apuesta política de cara a continuar la ofensiva fascista y violenta contra las libertades y las organizaciones populares. El próximo domingo habrá elecciones presidenciales en el país y los paramilitares también han entrado en la campaña electoral dando un rotundo apoyo a la reelección del actual presidente Álvaro Uribe.

Mediante un comunicado, titulado “Colombia libre de comunistas”, el grupo paramilitar 'Brazo Armado de las Ex-AUC' ha manifestado su apoyo incondicional al actual mandatario, asegurando que “el único camino que nos queda a todos los colombianos es apoyar incondicionalmente la política de seguridad democrática de nuestro candidato-presidente doctor Álvaro Uribe Vélez”.

Este grupo, autodenominado 'Colombia libre', afirma además que “de ninguna manera vamos a permitir que otro sea el resultado de la elección” del próximo domingo, y que para ello se encuentran “en pie de lucha a sangre y fuego contra cualquier interés que no sea el de la continuidad de nuestro legítimo líder”.

Para evitar cualquier otro resultado, los uribistas amenazan con una matanza durante la jornada electoral, y teñir las “camisas amarillas” (en referencia al color de los seguidores del izquierdista Carlos Gaviria, líder del Polo Democrático Alternativo) del color “rojo sangre”.

Los paramilitares muestran su apoyo a las fuerzas armadas, al tiempo que se hacen partícipes en la defensa del proyecto de Estado que estas defienden. Dejando claro que su desmovilización sólo llegará el día que exterminen “al ultimo hijueputa rebolusionario [sic] de las FARC y el ELN, y a todos los arrodillados serviles camuflados en la vida civil”.

Todo aquel que no acepte la legitimidad del “señor Presidente Álvaro Uribe Vélez” pasará a ser objetivo militar de este grupo fanático.

Ver comunicado completo en:
http://www.nodo50.org/colrefe/noticias/NOTI-1148635652.html

"Como parte de la brutal represión contra la jornada de protesta de la Gran Cumbre Social en el departamento de Nariño, agentes de la Policía Nacional les decomisaron a cientos de campesinos e indígenas sus documentos de identidad, y luego los destruyeron. En Ciudad Bolívar los narcoparamilitares van de casa en casa amenazando a los electores, escribe Iván Cepeda Castro.

Por Iván Cepeda Castro, fm_cepeda@yahoo.fr

Las comunidades que participaron en la movilización informan que el pasado 18 de mayo, luego de haberle disparado a la muchedumbre en la población de Remolino, municipio de Taminango, los agentes de la Fuerza Pública desalojaron la escuela de la localidad, saquearon las pertenencias de los manifestantes, y prendieron una fogata a la que arrojaron cientos de cédulas de ciudadanía. Los policías le gritaban a la gente que eso era para que no votaran contra el presidente Uribe. Según la Defensoría del Pueblo, la arremetida de los uniformados dejó 50 personas heridas por bala. Se sabe que otras cinco fueron asesinadas. La Alcaldía de Pasto designó a ocho inspectores para que recibieran las denuncias de la incautación de las cédulas.

Desde hace varias semanas, miembros de grupos paramilitares van de casa en casa advirtiéndoles a los habitantes de Ciudad Bolívar, en Bogotá, que “si en las urnas aparece un solo voto de izquierda, lo van a pagar”. Diversas formas de agresión se ejercen contra quienes hacen campaña electoral por candidatos de partidos o movimientos diferentes a los uribistas. Así ocurrió a finales de abril, cuando fueron desaparecidos por la fuerza el dirigente sindical Luis Antonio Arismendi Pico y la joven Belquis Dayana Goyeneche.

Pudiera decirse que tales hechos son violaciones aisladas del derecho de los ciudadanos a elegir libremente su candidato a la Presidencia de la República. Pero a éstas y muchas otras situaciones similares —como la cadena de amenazas contra los opositores al Gobierno— se ha añadido una disposición que revela la voluntad oficial de alterar los resultados de los comicios. La Misión de Observación Electoral, conformada por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, informó que fueron anuladas las mesas de votación en 200 municipios de los departamentos de Putumayo, Meta, Caquetá, Cauca y Norte de Santander. Las autoridades electorales, y los gobernadores de estos departamentos, dieron la orden de que los votantes se trasladen a los cascos urbanos. Esto significa, ni más ni menos, la negación del derecho a la participación política de cientos de miles de personas en vastas zonas del país en las que se prevé una amplia votación para las fuerzas de oposición.

A pesar de que el Ministro del Interior y de Justicia ha intentado tranquilizar a la opinión, subsiste el malestar. Bajo el gobierno del presidente Uribe se ha impuesto un verdadero récord en materia de distorsión del sistema estadístico nacional, escándalos de corrupción, fraude en pasadas elecciones, montajes del Ejército Nacional en turbios operativos militares y encubrimiento de la infiltración paramilitar en el Estado. La proliferación de irregularidades que ponen en tela de juicio la transparencia de los comicios del próximo domingo es coherente con esta tradición de falsificar la realidad.

Invito a quienes detecten hechos de fraude contra los resultados de la elección presidencial a que se comuniquen con la línea telefónica gratuita 018000112101 de la Misión de Observación Electoral.

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La sentencia de la Corte Constitucional acerca de la ley de “justicia y paz” es un buen paso para limitar el poder paramilitar. Ojalá al examinar las demandas restantes contra la ley, la Corte profundice en estos pasos iniciales, pues ya se preparan nuevas trampas jurídicas para burlar cualquier barrera a la impunidad.

 

Elecciones 2006            28.05.2006"

Reproducimos de Indymedia Colombia la siguiente compilación de la corrupción del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y lasagresiones que han adelantado en contra de la oposición política en Colombia. Es un cuadro desgarrador que debe movar a la más amplia solidaridad internacional.

 

[Por Indymedia Colombia, edición electrónica]

Casos de corrupción y agresiones contra la oposición y los derechos humanos en el gobierno de Uribe Vélez.

EN CAMPAÑA

-Caso Superintendencia de Vigilancia: El 31 de marzo renuncia de Fernando Segura, Superintendetente de Vigilancia y Seguridad Privada, horas después de saber que se va a divulgar que, según un informe de la Policía, a finales de 2004, él –que entonces era segundo al mando de la Superintendencia- asesoró a gente cercana a la empresaria de lotería Enilce López, conocida como “La Gata”, sobre el modo de conseguir que ese organismo les devolviera las licencias de armas para sus cuerpos de seguridad. La Gata está detenida por lavado de activos y apoyo a las autodefensas. El informe policial dice que Segura dilató las resoluciones donde se cancelaban los departamentos de seguridad de Unicat, una de las empresas de La Gata. Segura dijo que dimitía por las presiones del actual viceministro de Defensa Hernán Sanín (El Tiempo, 10-4-06). En la prensa se publicó que La Gata dio plata para la campaña presidencial de Uribe, quien reconoció haber recibido 100 millones de pesos (Revista Semana “Escándalos de la campaña”) de las empresas de esta mujer.

-Caso Incoder: El gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Luis Ortiz López, es destituido horas antes de que se publique que un informe de la Procuraduría General de la Nación ha elaborado un informe en el que se denuncia que las tierras que, según la ley, deben ser entregadas a víctimas de desplazamiento por la violencia se están quedando en manos de personas que tienen antecedentes peñales y órdenes de captura (El Tiempo, 9-4-06). En total son más de 1.800 hectáreas del departamento del Meta de las que se han beneficiado, al menos, una persona investigada por narcotráfico, dos por terrorismo, 18 por invasión de tierras y una por porte ilegal de armas. José Eleázar Moreno, un jefe paramilitar de los Llanos Orientales, y su esposa recibieron tierras del Incoder (El Tiempo, 12-4-06).

-Caso Finagro: Destitución del presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), Roger Taboada, tras las investigaciones de la Fiscalía que indican que ese organismo entregó 25.000 millones de pesos a Luis Enrique “Micky” Ramírez, detenido por narcotráfico y antiguo socio de Pablo Escobar al que luego entregó a la policía: Micky se quedó el dinero usando a humildes personas que figuraban como ganaderos del Fondo Ganadero del Caquetá, entidad a la que se le concedió el préstamo (El Tiempo, 11/12/16-4-06). Taboada dijo que renunció por las presiones del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, para que diera jugosos créditos a empresas con indicadores financieros deteriorados (El Tiempo, 16-4-06).

-Caso DAS: El ex director de Informática del DAS, Rafael García, acusó al anterior director de la institución, Jorge Noguera, de haber puesto la entidad al servicio de los paramilitares. Las acusaciones son:

-Haber entregado una lista a los paramilitares con los nombres de 24 dirigentes sindicalistas, varios de los cuales fueron asesinados posteriormente, entre ellos el profesor Alfredo Correa D`Andreis.

-Noguera, quien fue gerente de la campaña presidencial de Uribe en el Magdalena, urdió en colaboración con el jefe paramilitar Jorge 40 un fraude en la Costa gracias al cual se eligieron a 7 congresistas en 2002 y se obtuvieron 300.000 para Uribe que le permitieron ganar en la primera vuelta de las elecciones de 2002.

-Favoreció a Jorge 40 con el 10% del valor de los contratos más importantes que suscribía el DAS y le concedió para sus desplazamientos el mismo vehículo blindado que empelaba Uribe en sus desplazamientos por la Costa.

-Crear un plan para desestabilizar Venezuela, que incluía atentar contra Hugo Chávez.

Rafael García está en la cárcel por haber destruido de la base de datos del DAS los antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. Jorgue Noguera había sido obligado a renunciar como director del DAS en octubre de 2005 cuando el entonces subdirector del DAS le acusó de planear la creación de una oficina de de comunicaciones e interceptaciones al servicio de los paramilitares; Noguera fue nombrado cónsul en Milán y se mantuvo en este puesto haste le pasado 9 de mayo cuando la Fiscalía lo llamó a indagatoria por el fraude electoral de 2002. Cuando estalló el escándalo la respuesta de Uribe fue defender a Noguera y atacar duramente a la prensa hasta el punto de qaue organizaciones de defensa de derechos humanos como Human Rights Watch señaló que “Uribe intimida a la prensa” (El Tiempo, 10/1719/20-4-06, 9-5-06; El Espectador, 16 a 22 de abril de 2006; Semana, 10-4-06; Cambio, 3 a 10 de abril de 2006).

-Sindicalistas asesinados: El candidato-presidente dijo en una entrevista a distintos medios, tras estallar el caso del DAS; que en 2005 fueron asesinados 12 sindicalistas. La cifra contrasta con los 40 que el vicepresidente Santos reconoció en marzo ante la OIT y con los 70 que la Escuela Sindicalista afirma que fueron asesinados el pasado año. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) afirma que en los cuatro años de Gobeirno Uribe han sido asesinados 333 trabajadores sindicalizados entre dirigentes y afiliados.

-Calumnias contra Carlos Gaviria: El 11 de abril, en la emisión del noticiero CM&, en la sección 1, 2, 3 presentada por Claudia Hoyos, se afirmó: “La pensión más alta que el seguro social paga en Colombia, es la de Carlos Gaviria, de 23 millones de pesos”. En la emisión del noticiero CM& del 12 de abril, se afirmó: “"La guerra sucia entre las campañas políticas, salpica otro medio de comunicación. Este noticiero fue victima de la guerra sucia que esta surgiendo entre las campañas políticas a la presidencia, y que se ha tomado, tanto a las revistas, emisoras y ahora a los canales de televisión. Una información proveniente de la campaña de Uribe resulto ser falsa. Y al actual candidato del Polo Democrático, Carlos Gaviria, le expresamos nuestro respeto, por lo que le pedimos que aclare la información que se dijo de él. Lo que si queremos manifestar abiertamente es que el tono de la campaña se esta calentando demasiado, y que la guerra sucia esta llegando a niveles nunca antes vistos en el país. Señores la moderación de la democracia es un valor sin precedentes en la historia nacional. Donde están los buenos modales y las sanas costumbres. Necesitamos más debate a las ideas y menos agresiones personales o personalistas”. Carlos Gaviria aclaró que no es pensionado del seguro social, que su pensión asciende a poco más de 9 millones y que ahora no la cobra porque tiene sueldo de senador. El propio director de CM& le pdioó disculpas en el noticiero, en directo, días después (El Tiempo, 15-4-06) .

-Asesinato el 12 de abril de Higinio Baquero Mahecha , escolta de la directora de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, Jahel Quiroga. Las autoridades dicen que lo mataron para robarle, pero los asesinos no sustrajeron nada del cadáver. Higinio Baquero Mahecha era sobreviviente de una familia de reconocida trayectoria en la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano del Departamento del Meta. Su abuela Beatriz Montero fue Concejal por este movimiento en el municipio de Lejanías. Su padre, Higinio Baquero, fue dirigente de la Unión Patriótico también en Lejanías y también fue asesinado hace dos años. Reiniciar investiga el genocidio político perpetrado contra la UP, que ha provocado hasta ahora la muerte de más de 3.000 de los miembros de este partido, y es responsable de la demanda contra el Estado Colombiano por este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; durante el Gobierno de Uribe Vélez han sido asesinados 139 sobrevivientes y desparecidos 38.

-Asesinato de Oliverio Castillo, escolta de Gustavo Petro, senador electo del Polo Democrático Alternativo (PDA).

-Ataques contra el Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista (JUCO): El día 18 de abril, en el noticiero RCN Televisión, fue emitida una noticia en la supuestos desertores de las FARC los cuales afirman que los milicianos “t ienen la oportunidad de llegar a la universidad, allí el reclutamiento lo hacen por medio del Partido Comunista y por medio de la JUCO (…) hablamos de que de pronto en la cafetería uno hace un comentario, o en el aula de clase se hace un comentario de que no está de acuerdo con esto o con aquello, entonces uno va mirando quién puede ser. Dentro de las universidades, nosotros como milicia, cuando había alguna protesta ayudábamos también en cuanto a los retenes de los buses, de bajar la gente de los buses, hacer la quema del bus, lanzar las tachuelas para que eso ocurriera, esconder de pronto al pelado de la Juco, en esa parte, digamos que es la parte militar la que nosotros utilizamos para colaborarles a ellos que son la parte política”. El Diario del Huila del 2 de abril dice: “ Analistas de los organismos de seguridad consultados por DIARIO DEL HUILA, a raíz del informe del Ejército que reveló la nueva estrategia de infiltración de las Farc en por lo menos 15 universidades públicas del país -incluida la Usco de Neiva-, aseguran que han detectado a un grupo de estos 'agitadores' en el centro de educación superior. Más exactamente, en las facultades de Medicina, Ingeniería y Derecho. Ellos, bajo las autodenominaciones de grupo 'Juco' (juventudes comunistas), 'Camilistas', 'Andes' y 'Yunbreda', son quienes protagonizan las protestas y se encargan de entregar la propaganda subversiva en el interior de la institución ”. El PCC forma parte del PDA.

-Asesinato de Jaime Gómez, historiador y asesor de la senadora liberal Piedad Córdoba, cuyo cadáver fue encontrado el 23 de abril en extrañas circunstancias. El levantamiento del cadáver lo hizo la SIJIN (policía secreta), sin notificarlo a la Fiscalía. Jaime colaboró con la senadora en la elaboración del proyecto de ley que ella presentó y en el que se exigía 30 años de cárcel para los paramilitares reinsertados; además, era miembro del equipo de campaña del candidato presidencial por el Partido Liberal, Horacio Serpa. El informe del Intituto de Medicina Legal, que nunca fue entregado a los familiares, señaló que la muerte había sido causada por una caída desde gran altura mientras hacía deporte en los cerros cercanos a Bogotá a mediados de marzo. Sin embargo, los familiares de Jaime y la Comisión Colombiana de Juristas encargaron otro informe a forenseses indfependientes que concluyó que “el trauma múltiple presente a nivel craneal es consistente con un homicidio, es decir, que los traumas observados necesariamente fueron producidos con la participación de un tercero que infligió las heridas con un instrumento contundente”.

- Asesinato el 23 de abril de Álvaro Garnica Díaz, primo hermano del coordinador de la campaña presidencial de Carlos Gaviria en Montería (capital del departamento de Córdoba). El crfimen se produjo horas después de que Carlos Gaviria estuviera en la ciudad protagonizando un acto público.

-Dimite un gerente de la campaña de Uribe por vínculos con el narcotráfico: Raúl Montoya, gerente de la campaña uribista en el Magdalena, renunció tras revelar la prensa que EE UU le negó la visa por tener relaciones con tres personas encusadas en ese país por narcotráfico (a dos de ellas les avaló para el pago de una fianza; Nuevo Herald, 20-4-06; El Tiempo, 21/23/24-4-06). También se descubrió que Montoya recibió 56 millones de pesos en 1986 de Luis Carlos Molina Yepes, el llamado banquero del cartel de Medellín y condenado por el asesinato del director del El Espectador, Guillermo Cano (El Espectador, 23 a 29 abril de 2006). Uribe lo había calificado días antes de ser “un hombre honesto” cuando el ex jeje de informática del DAS, Rafael García, afirmó que Montoya era un miembro de la campaña de Uribe de 2002 que tenía vínculos con el narcotráfico.

-Dos hermanos de asesor presidencial estuvieron presos por drogas: Luis Mario y Jorge Fernández Gaviria Vélez, hermanos del consejero presidencial José Obdulio Gaviria, estuvieron detenidos en 1983 en EE UU por narcotráfico; los dos salieron de EE UU sin que se hubieran resuelto sus casos (El Tiempo, 27-4-06). Luis Mario ahora es funcionario de la Agencia Presidencial para la Acción Social en Urabá y Jorge Fernando trabaja en el programa de Paz y Conciliación de la Alcaldía de Medellín.

-Ataques contra la Unión Patriótica (UP): Una cuña promovida por la campaña del presidente Álvaro Uribe, y que se escuchó por varias emisoras, decía: “Señor Presidente: Yo pertenecía a la UP, me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo, matar por matar,hacer daño a los demás, matar civiles, eso está mal hecho. Está bien que usted los esté combatiendo, por eso hoy día lo apoyamos a usted con toda la que tenemos”, dice el mensaje radial que también se pudo ver y oír en la página web www.adelantepresidente.com (El Tiempo, 29-4-06) hasta que fue retirada por las protestas del PDA y del PCC.

-Acusación columnista contra Carlos Gaviria: El columnista y destacado uribista escribió en El Tiempo (4-5-06) un artículo en el que acusaba a Carlos Gaviria de no haber tenido “ freno ético para ser electo senador con el apoyo de la izquierda más hirsuta y extremista, aquella que no ha querido romper del todo con la violencia terrorista y mafiosa de las Farc”.
-Escándalo microchips: El congresista estadounidense Alen Specter, presidente del Comité Judicial del Congreso de EE UU, dejó consignadas tras una visita a Colombia que: “El Presidente (Uribe) dijo que consideraría implantar microchips en los cuerpos de los trabajadores colombainos antes de ingresar a Estados Unidos” (El Tiempo, 5-5-06) . Uribe respondió en el programa de City T V que “Les he dicho (a EE UU): si Estados Unidos con ese desarrollo de tecnología, con los computadores, con los chips no tiene mecanismos para saber que una persona que entró a desarrollar un trabajo de estación se quedó en el país o regresó a Colombia, entonces en qué estamos”. Cuando se le preguntó si eso significaba un sí a la propuesta de los microchips, dijo: “No tengo nada más que agregar”.

-Acusación de Uribe a la oposición de ser el “comunismo disfrazado”: El candidato-presidente Álvaro Uribe dijo en un acto público: “El país va a tener que escoger ahora si vamos a seguir por el mejoramiento de la seguridad democrática como camino a la paz o vamos a retroceder para que con el comunismo disfrazado le entregue la patria a la FARC” (El Tiempo, 6-5-06) . Pese a las rotundas protestas de los otros candidatos, nunca se retractó. Tres días después, varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos ( Colectivo de Abogados Alvear Restrepo; Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA; Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, PIDHDD) recibieron por correo electrónico un mensaje titulado “No más mentiras disfrazados (sic)” en las que se les acusa de “ protectores de terroristas, fomentadores del terrorismo a gran escala en nuestra patria que no desea mas saber de ustedes o las farc o del eln o del cualquier cosa que suene a izquierda chavismo socialismo o comunismo disfrazado” (El Espectador, 14 al 20 de mayo 2006).

-Acusación de Uribe a los estudiantes de la Javeriana: Uribe dijo en un acto en la Universidad Javeriana que sabía que allí se encontraría con “un comunismo disfrazado” (El Tiempo, 10-5-06) .

-Renuncia del candidato Álvaro Leyva por falta de garantías: Álvaro Leyva renunció a su candidatura presidencial argumentando falta de garantías (El Tiempo, 13-5-06) . Además de los problemas para conseguir la financiación oficial para su campaña, Leyva denunció que había sido hostigado por un helicóptero cuando iba en lancha por Nariño, que le habían hecho seguimientos y que encontró un micrófono en su sede. Asimismo, Leyva; la dirigente del PDA, Gloria Cuartas; el periodista Hollman Morris y el religioso y defensor de derechos humanos Javier Giraldo aparecieron en un vídeo difundido por un nuevo grupo paramilitar denominado Frente Social por la Paz como representantes de las FARC.

-Dimite un gerente de la campaña de Uribe por vínculos con paramilitares: Andrés Rueda Gómez fue gerente de la campaña de Uribe en Casanare y dimitió por las presiones de parlamentarios casanareños uribistas que consideran que un contratista no podía ejerecer ese puesto; Rueda había sido acusado de servir de enlace para que se otorgaran contratos a paramilitares (El Tiempo, 13-5-06) . El Espectador (14 al 20 de mayo de 2006) reveló que cuando se detuvo al cabecilla del Bloque Capital de las AUC éste llevaba un cheque de 10 millones girado a favor de Rueda, además fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de tres políticos del Meta.

RESTO PERIODO DE GOBIERNO URIBE:

- Uribe figura en la lista del Pentágono de colaboradores de pablo Escobar: La revista estadounidense Newsweek reveló un documento elaborado en 1991 por la Agencia de Inteligencia del Pentágono que "sugiere que Alvaro Uribe tenía en ese entonces relaciones con el narcotráfico y el Cartel de Medellín".El documento desclasificado añade "que su padre fue asesinado por sus relaciones con los narcotraficantes y que era amigo personal de Pablo Escobar", y que "Uribe se opuso al tratado de extradición". Según el "documento desclasificado", se incluye "una lista de individuos que se cree están asociados con el Cartel de Medellín, entre asesinos, traficantes de medio nivel y abogados. El nombre de Uribe ocupa el lugar 82 entre 106 (Newsweek, agosto 2004; El Tiempo, 2-8-04).

-Familiares de Uribe dirigieron grupos paramilitares: Gustavo Petro, senador electo del PDA, denunció que un hermano y dos primos hermanos de Uribe dirigieron dos grupos paramilitares (''Los Doce Apóstoles'' y “Los Erre") que en los años 90 asesinaron en el departamento de Antioquia a más de cien personas en acciones diferentes, de acuerdo con expedientes judiciales, según informó el Nuevo Herald el 24-5-05. Basándose en una norma constitucional que obliga a los funcionarios públicos a contestar peticiones en un plazo de 10 días, el pasado 16 de diciembre El Nuevo Herald preguntó por escrito al Alto Comisionado Presidencial para la Paz, Luis Carlos Restrepo, pero, al parecer, hasta ahora no ha habido respuesta.

-Masacres de tres sindicalistas en Arauca y de ocho personas en la comunidad de paz de San José de Apartadó: Durante los cuatro años de Gobeirno han sido numerosos los casos de asesinatos selctivos y masacres en los que se ha denunciado la implicación de la Fuerza Pública. Los dos casos en los que las evidencias de la participación del Ejérico son más claras han sido el asesinato de tres sindicalistas en Arauca y la masacre de 8 personas en San José. En el primer caso, altas autoridades del Estado dijeron inicialmente que eran guerrilleros y que habían muerto alopfrecer resistencia armada; sin embargo, poco después la Fiscalía ordenó detener a varios militares porque se comprobó que fueron ejecutados cuando se encontraban indefensos (El Tiempo, 6-9-04, 2-10-04). En la masacre de San José de Apartadó, varios testigos aseguran que las personas asesinadas fueron retenidas previamente por el Ejército y que algunos soldaddos trataron de hacer desaparecer las pruebas.

-Detenciones arbitrarias: Sólo durante el primer año de la presidencia de Álvaro Uribe se capturaron a 125.778 personas, según reconoció la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en julio de 2003. De acuerdo con las estadísticas de la autoridad penitenciaria colombiana, en julio de 2003 existía una población carcelaria de 58.877 personas, de las cuales 25.636 tenían prisión preventiva. Por consiguiente, la sorprendente conclusión pareciera ser que de las 125.000 detenciones que se produjeron entre agosto de 2002 y julio de 2003, un máximo de 25.636 personas tenían suficientes motivos como para permanecer recluidos. El resto, más de 100.000 personas, tuvieron que ser liberadas porque fueron detenidas sólo para intimidarlas o como consecuencia de montajes judiciales fundamentados en el testimonio de integrantes de la red de informantes que se ha convertido en un recurso económico para sectores desfavorecidos: a cambio de una delación con o sin fundamento el Estado da una recompensa.

-Señalamientos a los defensores de derechos humanos: El Presidente Uribe Vélez ha efectuado una serie de declaraciones a lo largo de su mandato en contra de las organizaciones de defensa de los derechos humanos con el objetivo de estigmatizarlas ante la opinión pública y situarlas en posiciones proclives al terrorismo. Uribe Vélez ha calificado a los defensores de derechos humanos de “politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos”, poniéndoles de este modo en el punto de mira de los violentos, y este mismo año amenazó con deportar a los voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz, entre los que hay varios españoles, que acompañan a defensores de derechos humanos y a comunidades de desplazados, “le reitero la sugerencia al DAS y a la Policía (...) de que si estas personas vuelven a obstruir la justicia, los metan a la cárcel y si hay que deportarlos, se deportan” (El Colombiano, 28-5-2004).

Tras la muerte de 34 campesinos en La Gabarra (departamento de Norte de Santander), masacre de la que fueron acusadas las FARC, el Presidente atacó a Amnistía Internacional: “Por guardar unas reglas de cortesía hipócrita y no tener el valor de denunciar a Amnistía Internacional, hemos permitido que legitimen el terrorismo internacionalmente. Que Amnistía escoja con quién se queda. Si se queda con los que degollaron a los 34 campesinos de La Gabarra. Si se queda con los terroristas que han asesinado a nuestros policías y nuestros soldados, y que causan luto a las familias, o si se queda con las instituciones colombianas y las respeta” (El Tiempo, 16-6-2004).

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado al respecto que: “No ha habido avances significativos en el cumplimiento de la obligación de sancionar disciplinariamente a los servidores públicos que con sus declaraciones, acciones u omisiones descalifiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos. Ha continuado la descalificación a la legítima labor de los defensores de derecho humanos y de líderes sindicales por parte de altas autoridades del Estado. La Oficina ha conocido pocos ejemplos de acciones tomadas por los superiores jerárquicos o por el Ministerio Público en el sentido de esta recomendación del Alto Comisionado” ( Sobre la implementación de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Colombia, y la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, Michael Frühling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 18-9-04).
 

 

Elecciones 2006
21.05.2006

 

2.- I) seguridad democrática y especial protección para las personas que han cuestionado el fraude electoral

2.- II) permiso de acceso al CNE para los ciudadanos que van a denunciar durante el escrutinio las anomalías observadas antes

Doctor Edgardo Maya, le recuerdo que quien constitucionalmente declara electo al Presidente de Colombia es el CNE, después del escrutinio y una vez agotados los recursos constitucionales que se presenten, en consecuencia ante el grave peligro que representa denunciar el  fraude, solicito declarar urgencia nacional para defender los derechos y garantías fundamentales de los cuidadanos que cuestionan las arbitrariedades ejecutadas antes y durante los comicios presidenciales, exijo seguridad democrática y especial protección para las personas que han cuestionado el fraude electoral, pido permiso de acceso al CNE para los ciudadanos que van a denunciar durante el escrutinio las anomalías observadas antes, durante y después del 28 de mayo de 2006. Esta sí va a ser la seguridad democrática, cuando logremos respeto a las garantías para lograr el cuestionamiento a fondo de lo ocurrido para la elección de Presidente de Colombia. 

Usted puede verificar cómo se infla una votación, puede comprobar y analizar en el texto adjunto, el fraude electrónico y posteriormente el fraude informático ocurrido en la votación del Senado del 12 de marzo de 2006; de igual manera el 28 de mayo de 2006, la votación de Álvaro Uribe Vélez, se infló con anterioridad por medio de la encuesta contratada por Caracol, dirigida por Jorge Londoño para ser la principal base del fraude electrónico que por medio de dos porcentajes perversos calculó ilegal, predeterminada y predefinidamente la cantidad de votos con 62% a Álvaro Uribe Vélez y 22% a Carlos Gaviria Díaz, esto es una Gran estafa.

Atentamente

ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO

 

texto adjunto        EL TIEMPO    3 de junio de 2006
La votación de Senado está ‘inflada’, pero no corregirán

Consejo Electoral es consciente de que hay más votos que votantes, pero dice que no tiene competencia para enmendar esa anomalía. De hacerlo, algunos magistrados coinciden en que cambiarían curules.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene pruebas de que en la elección de Senado se contabilizaron más votos que votantes, en varias de las mesas instaladas. Y no hará nada para enmendar el error.

La corporación argumenta que tiene amarradas las manos para hacer las respectivas correcciones.

Para la muestra un botón: en Antioquia, hay 13.900 votos ‘extra’ en 37 de los 125 municipios del departamento, según lo analizó la oficina del magistrado del CNE Antonio José Lizarazo.

En esos municipios encontraron un total de 666.908 votos, según los formularios de los escrutinios departamentales, aunque solo acudieron a las urnas 653.008 personas, como consta en las listas de sufragantes.

Lo mismo ocurrió en mesas de otros departamentos como Casanare (ver facsímiles), pero el despacho de Lizarazo fue el único que hizo el ejercicio de revisar la votación en los departamentos que le correspondió evaluar.

La inconsistencia se debería a “errores aritméticos”. Puntualmente, se trataría de la doble contabilización que hicieron algunos jurados, que sumaron dos veces votos marcados a favor de un partido y de uno de sus candidatos.

‘No es competencia nuestra’

Son cerca de 400 reclamaciones que llegaron al CNE y que piden revisar estas y otras inconsistencias. Sin embargo, todas fueron rechazadas.

Siete de los nueve magistrados del CNE argumentaron que dicha corporación no es competente para corregir esas anomalías, pues estas debieron revisarse en los escrutinios zonales y municipales.

Se basan en la sentencia del Consejo de Estado de febrero del 2005, que anuló 5.653 mesas de votación de los comicios de Congreso del 2002, y que significó la pérdida de curul de tres senadores.

Dicho fallo sostiene que el CNE no puede incidir sobre “etapas ya surtidas de los escrutinios”.

La presidenta del CNE, Clelia América Sánchez, explicó que, según el fallo, “esos errores los tuvo que mirar el escrutador municipal” y añade que el caso debe pasar a manos del Consejo de Estado.

El magistrado Guillermo Reyes, aunque estima que se debe obedecer el fallo del tribunal, opina que el no poder actuar sobre un error evidente indica que “el sistema está mal”. Agrega que al corregir las anomalías podría cambiar la distribución de algunas curules, por el estrecho margen de diferencia entre algunos candidatos.

Una idea parecida tiene el magistrado Marco Emilio Hincapié, quien junto a Lizarazo se apartó