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ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO A LA GOBERNACION DEL META POR ALTERNATIVA DEMOCRATICA
 
   
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PAZ, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

 

 

"Cuando se distribuyen muchas recompensas, es indicio de que están en dificultades”

cuando se castiga con frecuencia, es señal de que se están agotando"

Sun Tzu, en el arte de la guerra.

 

Colombia, se debate en profundas contradicciones que se agudizan día a día, aumentan las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la peor tragedia humana que la historia de la Nación registra, la violencia se incrementa y se degrada a niveles que causan horror en el mundo entero.

 

Son décadas de dolor, vidas perdidas, desplazamiento de seres Humanos que sin querer se vieron involucrados en el conflicto armado que vive la patria y que destruye el tejido social.

 

Los actores de la espiral de violencia, sin argumentación lógica danzan alrededor de la muerte como único ritual; la sociedad mira con escepticismo todo lo que los guerreros plantean, discursos unos y otros, lo elaboran y sin profundizarlo, su argumento central es la guerra, la militarización de la sociedad, la eliminación física del contrario sin importar a quien se elimina; la danza de la muerte se perfecciona, hoy son los muertos el tesoro a mostrar, la alternativa para aglutinar ejércitos que como hordas se lanzan a buscar nuevos tesoros, es decir un ser humano para eliminar o muchos no importa, solo basta que la danza se ejecute a ritmos desenfrenados, donde se ahogan gritos de dolor de hombres y mujeres inermes que sin ser parte de la danza se ven obligados a participar del ritual.

 

Ante este panorama, el imperativo es la paz, pero la paz entendida Como un derecho humano fundamental y no solo como ausencia de la guerra, no es la paz de los sepulcros que algunos sectores practican, ni menos el silencio de los fusiles que es solo un factor de la tragedia.

 

Si la paz es un derecho humano, se requiere desarrollar el contenido del mismo, entender los deberes, obligaciones del Estado, y a la vez comprender los derechos y compromisos del ciudadano (a), titular del derecho.

 

Si se avanza en este propósito estaremos construyendo entre todos la paz que necesita Colombia, de lo contrario simplemente seremos observadores y como hasta hoy sucede es un problema de seguridad nacional, lo cual reduce la paz única y exclusivamente a resolver el conflicto armado y se soslaya entonces la paz como un derecho fundamental, que pasa necesariamente por respetar en su integralidad los derechos humanos tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, para su pleno goce y efectividad de los mismos.

 

En este orden la paz, como la seguridad, debe ser planteada en la perspectiva de la seguridad humana que es el fundamento de la paz, es decir el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos humanos, para que la sociedad mejore su calidad de vida, que no es otra cosa que el reconocimiento y disfrute a tener trabajo, educación, seguridad social, vivienda, seguridad alimentaría, salud, libertad, cultura, recreación y disfrute al tiempo libre, asociación sindical y negociación colectiva, libre movilización y un ambiente sano.

 

La Constitución política de Colombia, dejo bien claro que la paz, es un derecho humano fundamental, dentro de un Estado social de derecho como es el nuestro, por lo tanto los esfuerzos deben estar dirigidos a resolver los problemas sociales del país y no a la militarización de la sociedad o mejor de la democracia, es lo que hoy se vive con el argumento de la seguridad democrática, que orienta todo su esfuerzo a aumentar el pie de fuerza militar y a involucrar a un más a la sociedad civil en el conflicto armado que la nación vive.

 

Además, la presencia militar hoy es muy visible en la cotidianidad del quehacer de los hombres y mujeres que se ven sometidos a ser sospechosos de los unos y los otros, es decir una sociedad que se desenvuelve siempre viendo el accionar militar difícilmente será una sociedad capaz de reclamar y clamar

 

por sus derechos humanos, que son entre otros un elemento discursivo el cual en palabras de Norberto Bobbio, " el problema grave de nuestro tiempo no es el de fundamentarlos sino el de protegerlos"

 

Y esto nos lleva a preguntamos como la seguridad democrática, afecta la vigencia de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos .sociales y culturales, por efecto de que el gobierno hace más énfasis en lo militar y baja inversión en lo social, así lo demuestran las cifras para el año 2005 un 45% del PIB, para los rubros de defensa, seguridad Justicia y servicio de la deuda y un 15% del PIB, para el gasto social, lo cual trae como resultado una mayor precarización de un gran sector del país y según la Contraloría General de la República, la pobreza esta por el orden del 64.2% y señala además que no sólo han aumentado los pobres, sino que estos son cada vez más pobres.

 

Lo anterior genero que la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en las 27 recomendaciones para el año 2005, exhortara al Congreso y al Gobierno, a aplicar una política dirigida a reducir la brecha de inequidad, a enfrentar la extrema pobreza, a disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, la exclusión social, la injusticia social y las desigualdades en la distribución de la riqueza y a garantizar los derechos a la salud, educación, vivienda, entre otros.

 

Ahora bien, cabe señalar algunos hechos para comprender la realidad que se vive desde que se dio inicio a la seguridad democrática del gobierno üribe, el cual sostiene que en Colombia no hay conflicto armado, por eso es necesario hacer un rápido recorrido a nuestra historia y poder comparar este periodo con fechas anteriores, por ejemplo.

 

En los dos primeros años de gobierno, entre agosto de 2002 a agosto del 2004 ha habido más personas muertas por fuera de combate por violencia sociopolítica que en los cuatro años de gobierno de Ernesto Samper (1994-1998)

 

Las detenciones arbitrarias, han aumentado en 6332 personas entre el 7 de agosto de 20002 al 7 de agosto de 2004,un promedio de 8.7 personas diarias detenidas sin fundamento legal, las cuales la justicia ante la falta de pruebas en su gran mayoría las ha dejado en libertad, frente a 2869 en los 6 años anteriores.

Entre enero y diciembre de 2003, murieron casi ocho personas cada día por infracciones al DIH por culpa de los combatientes 3 más que hace 7 años.

 

En el año 2003, de registraron 339 ataques contra la infraestructura eléctrica, hace 7 años se registraron 40. La infraestructura vial ha registrado 35 ataques, hace 7 años se registraron 24 y 168 ataques a la infraestructura petrolera, hace 7 años se registraron 86.

 

En lo que respecta al conflicto armado, entre la insurgencia y la fuerza pública se conoce que en el 2004, se dieron 2 ataques a instalaciones de las fuerzas militares, en el 2005, 8 ataques. En el 2004, se dieron 15 ataques a instalaciones de la policía nacional , de lo que va corrido del año 2005,17 ataques, en lo que tiene que ver con acciones de hostigamientos en el año 2004, se realizaron 73 acciones y en lo que va del 2005, 86 acciones, además entre enero a marzo de 2005, en promedio se desarrollaron 5.2 combates diarios.

 

En 1997, 3.854 personas murieron en Colombia, por efectos de la violencia sociopolítica, entre enero y diciembre de 2003, 6.335 personas perdieron la vida a causa de la violencia sociopolítica.

Más de una mujer murió diariamente en el país por efecto de la violencia sociopolítica, es decir se registraron 491 en el año 2003.

 

Entre agosto de 2002 a junio de 2004, se registraron por lo menos 10.586 personas muertas por causa de la violencia sociopolítica.

En lo concerniente a las violaciones al derecho a la vida, libertad, integridad de los afiliados a organizaciones sindicales, se puede resumir de la siguiente manera , del 7 de agosto de 1999 a junio de 20002, se hicieron 3 allanamientos ilegales, frente a los 15 casos del 7 de agosto del 2002 al 1 de junio de 2005.

 

Para el movimiento sindical es preocupante las cifras de 984 amenazados en lo que va corrido del 7 de agosto de 2002 al 1 de junio de 2005, comparado con el periodo de 1999 al 2002,el cual registro 657 casos.

185 detenciones arbitrarias del 7 de agosto de 2002 a junio de 2005, frente a los 71 casos del 7 de agosto de 1999 al 20002.

 

Se han registrado 100 casos de hostigamientos en los 3 primeros años del gobierno Uribe, comparados con los 46 casos de los tres últimos años del gobierno Pastrana.

 

265 homicidios se han registrado del 7 de agosto del 2002 al 1 de junio del 2005, comparados con los 470 casos ocurridos en los tres años del gobierno Pastrana.

 

Del 7 de agosto de 2002 al 7 de agosto de 2004, se han registrado 33 asesinatos y desapariciones de defensores y defensoras de derechos humanos de los cuales 9 eran mujeres, entre el 7 de agosto de 2000 al 7 de agosto de 2002, se registraron 29 casos de los cuales 8 eran mujeres, y del 7 de agosto de 1998 al 7 de agosto de 2000, se registraron 21 casos de los cuales 2 eran mujeres.

 

Entre julio de 1996 a junio de 1997, se registro un promedio de 5 personas diarias secuestradas, entre julio de 2001 a junio de 2002, el promedio estuvo en nueve personas secuestradas, de julio de 2002 a junio de 2003, el promedio fue de 7 casos y de julio de 2003 a junio de 2004, el promedio es de 5 personas secuestradas. Vale señalar que en el año 2004, se destaca que los Departamentos con la tasa más altas son, Vaupés con el 21,53 victimas por cada 100 mil habitantes, le sigue Casanare, con el 12,38 secuestrados, Chocó con 8,45 victimas, el Meta con el 7,25 victimas y el Magdalena con el 5,9 secuestrados, entre otros.

 

Mencionar que el desplazamiento forzado sigue en aumento, a tal nivel de gravedad que la Corte Constitucional en sentencia T-025 de enero de 2004, declaro que el desplazamiento forzado, constituye un estado de cosas inconstitucional, lo que obliga al Estado, a asumir su deber de protección y garantizar los derechos a las personas desplazadas, lo cual hasta la fecha no ha cumplido, y lo más preocupante es que en el Departamento del Meta, pasamos de tener un promedio de 35.000 personas desplazadas a tener 13.000 familias que representan 58.500 personas, las cuales se concentran en Villavicencio, cerca de 11.000 familias, que representan 49.500 personas desplazadas.

 

Lo anterior son apenas algunas cifras para que cada uno de nosotros haga su propio juicio de valor, acerca de la seguridad democrática, de la cual se dijo que resolvería la grave crisis por la que atraviesa nuestra patria.

 

Por lo tanto afirmamos que la paz, como la seguridad humana, solo es posible si entendemos la necesidad de generar condiciones de vida más favorables para la sociedad, es en ese marco que debe estar dirigida la seguridad democrática, es decir más énfasis en inversión social que beneficie a la gran mayoría de compatriotas y así poder registrar los logros y avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

 

Se hace necesario desarrollar toda una cultura de paz, que dinamice el respeto por los derechos humanos, lo cual fomentara conciencia en hombres y mujeres de nuestra sociedad, capaces de reconocerse en el otro y reconocer al otro, donde el respeto por el pensamiento ajeno y la diferencia sean la constante y no se mire al otro, como enemigo al cual hay que eliminar, que las contradicciones se deben encauzar y superar por la senda de la razón como única opción posible para la construcción de consensos y disensos, los cuales deberán ser los referentes éticos para la elaboración de proyectos comunes, que nos conduzcan ha pensar colectivamente que tipo de Estado queremos, a que nación aspiramos, que tipo de economía anhelamos, que Constitución Política defendemos y lo más importante que se de la plena vigencia y realización de los derechos humanos como el mejor aporte de la modernidad y que nos sean simplemente parte del paisaje solo para recitarlos pero no para respetarlos.

 

Elkin Rodriguez