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 INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I. año 1999

                          

 

Yo, ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO, con base en el Preámbulo y arts. 1, 2, 5, 9, 13, 23, 40, 44, 45, 51, 63, 150, 189, 241, 277, 371, 372, 373 de la Constitución Colombiana, en  art. 5 del c. Cont. Administ., en interés general:

1.- Solicito, declarar la INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I.

 

Nuestra autodeterminación, es vulnerada con el “Acuerdo Extendido entre Colombia y el F.M.I.”; en la presente demanda lo denominaremos “Acuerdo”, este se encuentra sin la firma de algún representante del F.M.I., inconsistencia jurídica que no lo deja ser un “Acuerdo” bilateral, legal, legítimo e idóneo.           ¿ Porqué el Acuerdo Extendido entre Colombia y el F.M.I., no está firmado por un representante del Fondo Monetario Internacional ?.

 

El Superestado de las Multinacionales, por medio del F.M.I., y del “Acuerdo”, disculpa la intervención en nuestros asuntos internos, porque exige ahorro, bajar la tasa de inflación; recomienda: vacunarse contra la evasión de impuestos, no subir las tarifas de energía, incrementar impuestos departamentales, ajuste al déficit y alza de tasas de interés, atropellando la autodeterminación, remodela estrategias y fuerzas armadas, sobrepasando el orden jurídico e institucional, imponiendo hasta reformas estructurales. En otros países imponen similares determinaciones. El orden jurídico, también se vulnera y se elude la Constitución, al no tener la firma del Presidente de Colombia, ignorando el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política. 

 

Específicamente, corresponde al Presidente celebrar con entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso, ¿ Porqué una convención tan importante, no tiene la firma del Presidente de Colombia ni tiene la aprobación del Congreso ?, se está violando el artículo 150 numeral 16 de la Constitución Política, que exige al Congreso de la República, aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con entidades de derecho internacional, como es el F.M.I.

 

A través del General Agreement on Tariffs and Trade, GATT o Tratado General de Tarifas y Mercado, hoy O.M.C., Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, este Superestado de las Multinacionales, practica, una intervención que no está fundada en el respeto a la dignidad humana, ni en el trabajo y ni en la solidaridad, porque obedece a órdenes con disposiciones externas e inconvenientes, con las que se minimiza de manera inexplicable nuestra autodeterminación, en descaro total contra la prevalencia del interés general. La realidad es cruda; con la apertura económica y la globalización, se ejecutó la más inhumana persecución económica, contra pequeñas y medianas empresas, del modelo neoconservador de la gran propiedad privada, atropellando el orden justo y jurídico nacional, para mantener el poder elitista y sus sobreganancias.

 

 

 

 

El Superestado de las Multinacionales, procediendo a reorganizar tropas busca intervenir en dos guerras y media a la vez, es decir, en dos conflictos intensos como el pasado de Irak y en otro de mediana intensidad, como el Plan Colombia, programa simultáneamente la remilitarización; ha impuesto ya el otro sistema de presión y chantaje, usándolo como instrumento en su pelea con los otros dos bloques; hoy la O.M.C., pretende recoger e implementar estas ofensas, y el Superestado en su conjunto la utilizan como instrumento coactivo contra los países, Estados y pueblos del Segundo, Tercer y Cuarto Mundos.

 

La dignidad humana, desaparece poco a poco, porque se violentan las garantías fundamentales, se legitima el ataque a la libertad, a la autoestima colombiana, tolerando durante tres décadas el asesinato y la agresión corporativa. El modelo neoconservador de la gran propiedad privada es un rotundo y completo fracaso, pero los dogmáticos no lo creen. La intervención en nuestros asuntos internos, es una agresión contra los derechos y garantías fundamentales; el “Acuerdo”, al exigir rendimiento de cuentas, logra impedir la autonomía en el manejo de la cosa pública y en el manejo de nuestros recursos, por ejemplo, el F.M.I. no da permiso, impidiendo al Emisor para emitir, se inmiscuye anulando la autonomía del Banco de la República para mantener la deuda externa, la manipulación financiera y política.

 

El “Acuerdo”, viola el orden jurídico, el patrimonio público, los derechos y garantías fundamentales,  los artículos 1º y 277, de la Constitución Política, Art. 1. “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

 

El “Acuerdo” se introduce en asuntos internos de Colombia, desconociendo y desapareciendo nuestra autodeterminación, imponiendo exigencias y reformas estructurales que en esencia están en contra del Estado Social de Derecho, como los recortes al gasto público, porque solo responden a fórmulas fracasadas en todo el planeta que no generan armonía ni convivencia. Este “Acuerdo”, como consta en repetidas intervenciones de nuestros congresistas, no tuvo discusión ni aprobación en el Congreso de la República de Colombia; en el Parlamento, se mencionó esta inconsistencia, este desbordamiento del orden jurídico y asalto a la autodeterminación. No se debe aprobar esta arbitrariedad institucionalizada, ni el atropello legitimado del artículo 9 de la Constitución Política que define: “Las relaciones exteriores del Estado, se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.”.

 

 

 

 

El problema radica en que el “Acuerdo”, desconoce todo nuestro orden jurídico, es inmoral y su procedimiento está prohibido en la Constitución Colombiana; se están aplicando determinaciones inconvenientes para nuestro pueblo, inoportunas e inhumanas; el recorte al gasto público, para la coyuntura económica, debilita al Estado Social de Derecho, cosa que no podemos permitir.

El orden justo contenido en el Art.2. de la Constitución Política, se viola porque el “Acuerdo Extendido entre Colombia y el F.M.I.”; impide el desarrollo del artículo 333 de la Constitución Política; utiliza inconstitucionalmente la guerra de baja intensidad, manipulada desde afuera, por orden del Superestado de las Multinacionales, para impedir la delimitación del alcance de la libertad económica; por esta razón estamos sufriendo la amenaza de guerra y violencia a través del Plan Colombia, tampoco corresponde con la jurisprudencia reciente, generándose el incumplimiento de Sentencias y varios artículos de Constitución, entonces, el orden justo y jurídico es avasallado. La dignidad humana, desaparece poco a poco, si se permite este ataque a la autoestima colombiana, si se tolera la agresión corporativa.

 

Después de institucionalizar la Unidad de Poder adquisitivo Constante e iniciar las privatizaciones, para el modelo neoconservador de la gran propiedad privada, a finales de la década del 70, era patente la gravedad de su situación artificial. Por esas fechas un grupo interdisciplinar coordinado por EE.UU comenzó a discutir estrategias genocidas contrarrevolucionarias. El ataque selectivo contra personalidades que piensan de manera diferente se institucionaliza, por parte de las fuerzas disponibles. A la vez, las potencias decisorias, ayudadas en el caso europeo por otros Estados, desarrollan ejércitos de intervención rápida capaces de desplazarse a zonas de peligro y aplastar cualquier reivindicación mediante una abrumadora superioridad cualitativa. Japón rearmándose intensamente, con sofisticado instrumental disponible. Alemania puede ya intervenir militarmente en cualquier parte del planeta.

 

La administración del pensamiento contextualizado, nos motiva a defender los derechos y garantías fundamentales, el patrimonio público y el orden jurídico, función de la Procuraduría General de la Nación, claramente contenida en artículo 277 numeral 7, solicitamos aquí su intervención; así se comprende la gestión de la inteligencia, el manejo del ahorro social, elabora un prospecto colaborativo con base en la agresión que nos hace rechazar este “Acuerdo”.

 

Desde la aparición de la ciencia y la historia, el hombre ha estado en función de la organización creadora de bien común; la democracia directa, basada en el derecho de petición constitucional, nos permite la conformación de circunstancias que excluyen el imperio del dinero, evitan la negativa influencia de los billetes y permiten la comunicación, rechazar el “Acuerdo”.

 

 

 

 

 

No podemos aceptar el pago vía “Acuerdo” de los daños ocasionados por la quiebra multimillonaria de especuladores y explotadores de mano de obra asiática, en el paso de Hong Kong a la China; no es justa la falta de servicio a la comunidad y a la prosperidad general, que por la iliquidez generada mundialmente por estas circunstancias, tengamos que obedecer mandamientos para quienes no pudieron entender el fenómeno y se postraron ante las fórmulas del F.M.I., para salir de la crisis.

 

La Democracia Decisiva, rechaza el “Acuerdo”, defiende la independencia nacional y viene a pasos veloces, con pueblerinos globales, que por su evolución mental, social y en forma soberana, fortalecen los mercados locales. Es una consecuente, coincidente e irreversible decisión de millones de seres humanos, definiendo alternativas, sobrepasando el dogma, evidenciando la infamia, recuperando la vergüenza y fundamentando la vida diaria, se está obteniendo una apropiación social del orden justo. Contra toda la arremetida elitista, la lucha por mantener la integridad como una decisión comunitaria en contra del terrorismo económico y su violencia institucionalizada, el pueblo soberano facilitando la participación e implementando la renegociación colaborativa, distribuye abundancia, actúa con generosidad, incentiva todas las posibilidades de trueque y viabiliza objetivos, metas, procesos de intercambio justo: este debe ser un derecho fundamental.

 

La Investigación sociojurídica y el Modelo de Auditoría con Enfoque Integral, nos han servido a los USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO, para sustentar objetivamente la demanda de inconstitucionalidad del “Acuerdo”, porque estamos seguros de seguir aportando creativamente, al tratamiento contextual que tiene la Contraloría, y poder presentar este tipo de demandas de inconstitucionalidad, coadyuvando en clara relación con la Comunidad a través de la Proyección Social y concretando un prospecto colaborativo.

 

La independencia nacional, desaparece, se vuelva total retórica, cuando se involucran metas e informes innecesarios sobre nuestra situación, en contra de lo consagrado en el el Art.2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

 

 

 

 

El pensamiento contextualizado, adquiere importancia para la creación de conocimiento y construcción de comunidad, sobre lasos fuertes de colaboración y solidaridad. La sensibilidad social retoma espacios, basados en la concurrencia de esfuerzos, en la coincidencia de intereses y muchas formas de cooperación. La democracia directa, se está difundiendo en los asentamientos humanos, integrando valores y fortaleciendo la identidad. Por igualdad ante la ley, la Capitalización de intereses fue declarada inexequible en las Sentencias c-700/99 y c-747/99, rechazamos la sutil legitimación de la Capitalización de Intereses que se introduce en el “Acuerdo”, afirmaciones que hacen que este numeral 4 del art.12, básico para todo este “Acuerdo”, sea declarado inconstitucional.

La jurisprudencia que se logró en los años 1999 y 2000, pretende ignorarse con estos artículos del “Acuerdo Extendido con el F.M.I.”, utilizando la prepotencia y nuestra debilidad manifiesta, para institucionalizar desde el Superestado de las Multinacionales, el cobro sin fundamento jurídico y el anatocismo.

 

LA INVESTIGACIÓN SOCIOJURIDICA, herramienta que hemos empleado para evolucionar el DERECHO, LA JUSTICIA y LA DECISION DEMOCRATICA, en íntima relación con la realidad y en plena concordancia con  procesos de participación, responsabilidad e información, sin premisas erróneas. la Sentencia c-955/200, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, reconocieron que sobre el proceso expirado, no se puede retomar un nuevo proceso, porque las vías de hecho superaron a las vías de derecho, pero con la aceptación de esta cláusula, se están ignorando las Sentencias anotadas. Los Colombianos, no aceptamos el préstamo, porque no reúne las condiciones para que ese dinero ingrese a nuestro país, en consecuencia el “Acuerdo” se anula.

 

Para identificar las absurdas presiones inflacionarias, se ha tenido una continuidad en el análisis que nos conduzca a desmantelar las estructuras organizacionales delictivas, que han generado corrupción, impunidad y agresión corporativa. Es urgente, evidenciar y evitar la confusión creada por el halo de legitimidad proveniente de afuera, de quienes han institucionalizado delitos como el anatocismo, la estafa, la usura, el constreñimiento, el fraude a resolución jurídica, el prevaricato por acción u omisión, la falsedad en documento público, el desamparo a la familia, el despojo de la vivienda digna, el incumplimiento de la Constitución Política y la ley.

 

Implementando profundos cambios en el crédito, hacia el intercambio justo, basando las demandas en nuestra Constitución Política, estamos construyendo una verdadera reforma financiera. La verdadera libertad, no nace de la conquista del poder por unos pocos sino de la lucha por desarrollar la soberanía nacional y el respeto a la autodeterminación, somos libres de verdad cuando todos nos oponemos al abuso de la autoridad, al abuso del derecho.

 

 

 

 

Es inevitable, la Inexequibilidad del “Acuerdo” en el Memorando numeral 4 del artículo 12, en el cual afirma: Cualquier capitalización de intereses de nuevas emisiones de bonos del Gobierno se incluirá como gasto para el propósito de medir el déficit del SP (Sector Público).

 

La capitalización de intereses, se quiere revalidar por la vía supraconstitucional. Las crisis financieras responden a las fuerzas que hoy son predominantes en los mercados y que alientan las actividades especulativas por encima de las inversiones productivas. A medida que se expanden los movimientos de los capitales se transforma la regulación de los circuitos económicos. Estos favorecen las ganancias financieras por encima de las derivadas de la producción y la generación de la riqueza. Por eso, mientras las cifras de las corrientes financieras alcanzan niveles billonarios, aumentan paralelamente el desempleo y la pobreza. La desconexión entre los circuitos productivo y financiero está generando tensiones en el proceso de acumulación de capital que no podrán ser extendidas de manera indefinida. La Constitución Política, en el artículo 333, exige la limitación del alcance económico, para evitar la sobreganancia ilimitada, generadora de guerra, miseria y descomposición social, y en el artículo 335, exige la democratización del crédito, tan esquiva para los manipuladores del poder económico.

 

La sabiduría convencional del análisis económico ha variado de manera significativa en el curso de las últimas dos décadas, las preocupaciones por las condiciones que generan el crecimiento productivo han cedido frente a aquellas que se centran en las cuestiones financieras. Hasta el premio Nobel de Economía se concede actualmente a los teóricos que estudian la forma en que se valúan las acciones en los mercados de capitales. En esta era de la postmodernidad global conviene recordar la advertencia hecha por Maynard Keynes en 1933 y que actualmente puede incluso parecer apocada en su proyección: "las ideas, el conocimiento, la ciencia, la hospitalidad, los viajes, estas son las cosas que por su propia naturaleza debieran ser internacionales. Pero que los bienes se produzcan dentro de nuestro país siempre que ello sea razonable y convenientemente posible y, sobre todo, que el financiamiento sea primordialmente nacional". Hoy, en cambio, las interpretaciones de las crisis financieras se refugian en una sicología ramplona que no logra ir más allá de los hechos coyunturales.

 

La revista The Economist se pregunta en su editorial del 1 de noviembre de 1999, si lo ocurrido recientemente en los mercados bursátiles es la expresión de algo desastroso o solo el resultado de las acciones de un grupo de sobreexcitados operadores yendo de modo irreflexivo de un lado para el otro. La conclusión es que debe evitarse las variables financieras e intromisión con los mecanismos naturales del mercado. No puede evitarse la impresión de que existe un rezago cada vez más grande entre las condiciones económicas y sociales prevalecientes y los esquemas de interpretación predominantes.

 

 

 

Desde finales de los años sesenta el Superestado de las Multinacionales, empezó a inquietarse por una serie de fenómenos nuevos que se sumaban a las viejas formas clásicas de la crisis que por ese tiempo renacía con inusitada fuerza. Para comienzos de los 7O se empezaron a publicar los primeros estudios prospectivos a escala parcial, pero pronto le siguen a escala mundial sobre el futuro. El llamado "Club de Roma" publica en 1972 su texto "Los límites del crecimiento". A finales de los 7O se publican dos más: "Interfuturos" de la OCDE y el "Global 2OOO" de la Administración Carter. A mediados de los 8O lo hace el "Informe Brandt"; en 1988 le tocó al de la ONU sobre "Nuestro Futuro Común", llamado Informe Brundtland. En 1991 el Club de Roma exacta y taxativamente define: "El tiempo se está acabando. Y algunos problemas han alcanzado ya una magnitud que impide abordarlos con éxito". El terrorismo económico, es su desesperada respuesta, es impuesto supraconstitucionalmente, pasando por encima de leyes y normas de normas; la anarquía y el abuso de la autoridad, se implementan y a través de los medios masivos de comunicación, se están alienando las conciencias y limitando las capacidades.

 

La reivindicación  de la justicia social, ya no es un discurso, es un consenso que se ha venido abriendo paso: no habrá paz sin justicia social, sin sometimiento, sin sobreexplotación. Tal convicción se profesa y se acepta sin molestarse en precisar su sentido o sus alcances.  Así, escueta y sin condicionamientos,  implica progreso, inherentes principios de la colaboración generalizada sobre los vicios rectores de la religión del mercado.  Pero, a su vez, la falta de especificaciones y puntos de referencia, la deja flotando en el vacío, a modo de contrapunto ineficaz de la evolución social, o sea de la supervivencia de los más fuertes y mejor dotados. El “Acuerdo”, subestima a quienes luchan por el respeto a la autodeterminación de los pueblos y por la soberanía nacional.

 

En otras épocas, dicha expresión de la noción de justicia estuvo en boga.  Con su bandera accedió en 1930 el partido liberal al poder y procedió a renovar las arcaicas instituciones nacionales.  Tras mucho oponerse a las reformas, el partido conservador hizo suyo el pensamiento social del Papa León XIII, mientras el partido comunista se mantenía fiel a la lucha de clases y a la inspiración de Moscú. La onda predominante se orientaba a asistir, dignificar y promover a los desheredados de la fortuna, no tan sólo por la virtud teologal de la caridad sino en aras de la justicia, por una sociedad más próspera, justa e igualitaria, preceptos que el “Acuerdo” desestima. En lugar de la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades, el “Acuerdo”, fomenta el afán desenfrenado de lucro, mientras más especulación y concentración económica haya, más ahorros se generan, hay más inversiones y crecimiento; pero la prosperidad, la justicia, la  igualdad y la verdadera libertad, no nacen de imposiciones ni de la conquista del poder por unos pocos sino cuando todos nos oponemos a los abusos de la autoridad, al abuso del derecho.

 

 

 

El desplazamiento y la expropiación, Cristóbal Colón los trajo a América desde el año 1.492. La impetuosa ola neoconservadora de la gran propiedad privada, se incrementa en América Latina sobre los hombros del “Consenso de Washington”. La estrategia del “Acuerdo”, se hace para proteger en gran medida al sector financiero y a los grandes acumuladores, al promoverse la apertura cambiaria que permite la especulación y traslado de las divisas hacia donde exista una mayor tasa de interés, sin que se empleen o se inviertan las utilidades en la producciones de bienes, pero si para la importación de mercancías de menor costo que originan las quiebras y la migración de campesinos a los centros urbanos al caer el sector agrícola e industrial; nuestro rechazo, a las imposiciones del “Acuerdo”, está poniendo en evidencia la dependencia del sector agrícola y minero, y del papel fundamental que juega la estabilidad macroeconómica en el comercio internacional.

 

El problema que se plantea es si un país rico en recursos naturales y biodiversidad debió y debe entrar en la producción de bienes industriales para consumo interno y comercio externo, desconociendo las necesidades de la población, respondiendo a mercados que tienen un desarrollo y una demanda externa mucho más amplia, pero limitados al mismo tiempo por la elasticidad en los precios, con un proteccionismo creciente, por parte de los países desarrollados hacia los productos primarios.

 

No es posible tener ventajas en éste sector, ni oportunidades de desarrollo con los intereses mundiales y circunstancias en contra. Ya que con la premisa de hacer un libre intercambio, el “Acuerdo”, impide el desarrollo de una economía equilibrada, porque mantiene limitaciones para que exista un intercambio justo.

Tener una economía dependiente de la demanda externa de bienes primarios y de los cambios que alteran la estabilidad de los precios no representa una garantía para trasladar el objeto de la economía del país hacia ese fin.

 

El desarrollo industrial con asimilación tecnológica es indispensable para generar una mayor productividad, principalmente para permitir una mayor oferta interna, que contribuya al crecimiento económico del país. El “Acuerdo”, no permite la democratización del crédito, porque impone medidas que  debilitan al Estado Social de Derecho, con medidas que a través de la reducción  del gasto público, maniatan las entidades territoriales, bloquea la iniciativa y evitan que las deudas públicas de estas entidades sean canceladas.

 

La desinstitucionalización del abuso del derecho y el rechazo al “Acuerdo”, ha permitido ejercer el derecho a la vivienda digna a millones de colombianos, ha viabilizado procesos de pertenencia a ocupantes que inician causas propias, por su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

 

 

 

 

Igualmente que con la deuda externa, la obra teatral se ejecuta para impedir que el pago de intereses al sistema financiero se culmine en las entidades territoriales. El déficit fiscal, está originado principalmente por la deuda pública; el pago de intereses por parte de las entidades territoriales al sector financiero, es la causa claramente identificada que endeuda innecesariamente los municipios y departamentos; para evitar que ese bloqueo se termine, el “Acuerdo”, impide el desarrollo del artículo 335 de la Constitución Política, el Gobierno acude con el Plan Colombia inconstitucionalmente a la guerra, por orden del Superestado de las Multinacionales; estamos asistiendo a la transformación de los policías cívicos en cuerpos represivos dotados de armas semiligeras, capaces de rápidos desplazamiento cuasimilitares en cabeceras municipales y grandes urbes. Las policías se están convirtiendo en pequeños ejércitos especializados en la rápida represión urbana. Pero también los ejércitos tradicionales burgueses están desarrollando instrumentos de orden interno. El caso de la OTAN en Europa es un ejemplo concluyente. Esta dinámica está siendo sistemáticamente ocultada por la prensa dedicada a decir tonterías sobre la democracia. El crecimiento del neofascismo, racismo y de un eurocentrismo chauvinista en sectores de la población aumenta la legitimidad de la militarización represiva.

 

La producción cotidiana, es la base del nuevo modelo colaborativo, generador de valor agregado o plusvalía, desde el hábitat albergue, hábitat asentamiento o desde el hábitat región, a través del teletrabajo, de la vivienda taller, de la famiempresa, y en general con el FORTALECIMIENTO DEL MERCADO LOCAL E INTERCAMBIO JUSTO, se llega al consenso y a la colaboración de los vecinos, se están replanteando y recuperando las relaciones sociales. El cuestionamiento a agresiones corporativas, permite pensar desde ópticas y opciones edificantes, para involucrar masivamente la participación constructiva en la defensa del espacio vital. El rechazo a las presiones inflacionarias, ha generado cuestionamiento a la deuda externa, el reemplazo de las especulaciones cambiarias y mercantiles por nuevas actitudes, procesos y sanas relaciones para construir comunidad. La administración del pensamiento, es la continua labor constructiva que viabiliza el diseño contextualizador.

 

La evolución del pensamiento, con imaginación y creatividad, fortalece la construcción de comunidad, el planeamiento de nuevos asentamientos humanos, el fortaleciendo lazos consanguíneos; la vertiginosa reciprocidad de conocimientos, está recuperando la capacidad adquisitiva desde la familia; el reencuentro social en los mercados locales, está robustecimiento del tejido social con unas costumbres armónicas, exigiendo un intercambio justo, derecho fundamental que impide la eliminación de las monedas nacionales, como evolución de nuevas relaciones sociales, las monedas locales y redes globales de trueque, son alternativa a la dictadura del sistema financiero.

 

 

 

 

La humanidad se dispone a crear comunidades con base en el trabajo, con fundamento en el más importante de los recursos propios, nuestra inteligencia, el nuevo modelo evoluciona hacia la ampliación del espacio vital, hacia la repotencialización de la  energía vital, implementados en nuevos asentamientos agrícolas integrales, especializados y/o autosuficientes, donde el propio trabajo es la recreación o la recreación es el propio trabajo; tanto la colaboración, como la ecología siembran abundancia para rescatar una sabia recolección, basada en la pervivencia no depredadora.

 

El cobro sin fundamento jurídico, indolentemente busca la pérdida de solvencia en el hogar o alza permanente de los precios de la canasta familiar, también denominada inflación; el cobro ilegal reencarnado en el “Acuerdo”, nos ha permitido investigar y profundizar en su radical antídoto: la recuperación de la capacidad adquisitiva familiar, comprendiendo las causas externas que están anulando nuestra soberanía nacional, especialmente la económica.

 

La soberanía nacional, sufre uno de los golpes más duros porque el Congreso de la República, no aprobó ni conoce íntegramente este “Acuerdo Extendido entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional. El poder público y la soberanía pareciera que dejan de existir; algunos tratan de desaparecerla con la aparición del supuesto “Acuerdo”, porque no existe firma de la contraparte o sea del F.M.I., no existe, tan solo se habla de una aprobación en el “Acuerdo Final”; así no se construye el poder público, porque prima el irrespeto.

 

De manera anárquica y déspota se anula la soberanía nacional, violando con este “Acuerdo”;  de manera increíble principios elementales para los verdaderos acuerdos bilaterales, y así, no es el pueblo el que hace el poder público; se acribilla el  Art. 3. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.  El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.” Con la reducción del gasto público y la disminución de las transferencias, quieren además, impedir que el Estado Social de Derecho haga presencia en los más apartados lugares, para mantener el saqueo macroeconómico, la capitalización de intereses, el paradigma subnormalizante y expropiante. Esta ausencia, sólo sirve para agudizar las contradicciones y sostener las leyes del modo de producción capitalista y su modelo neoconservador de la gran propiedad privada, el “Acuerdo” trata de minimizar el contenido constitucional, del Art. 4. “La Constitución es norma de normas.  En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de  los nacionales y de   los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”

 

 

 

 

Desde los finales de los 80, el FMI cambia sus modos y adopta otros métodos, con el Plan Brady, y para entonces su prepotencia se ha expandido a todas partes. La Segunda Guerra Fría, debilita estructuralmente el papel del Estado, termina de destrozar a la URSS, amenaza al mundo, como un gran negocio para el neoconservatismo de la gran propiedad en su conjunto y en especial para EE.UU.

 

El poder de expoliación hacia los Pobres por los Ricos, ignora totalmente el derecho fundamental al trabajo, consignado en el Art. 25 de la Constitución Política, esta desproporción e intervención en nuestros asuntos internos,  es una de las causas fundamentales del optimismo que excita las torpes imaginaciones de los manipuladores del poder económico: es en ese contexto cuando la euforia desarrollista,  implanta el Tratado de Maastricht y restantes planes expansivos, haciendo afirmaciones y justificaciones triunfalistas: "victoria de Occidente", "fin de la historia y derrota definitiva del Comunismo". El supuesto “Acuerdo”, está cumpliendo así, derroteros dogmáticos provenientes de la más cruda violencia institucionalizada y terrorismo económico, violando descaradamente, la Constitución Política.

 

Metas macroeconómicas, incluido el manejo monetario, las privatizaciones y el mantenimiento de un monto de reservas internacionales que para el primer trimestre del 2000 estaría alrededor de 8.300 millones de dólares, en Enero del 2000, se colocaron bonos de deuda por US $ 750 millones, estas medidas son inconstitucionales en contra de nuestra autodeterminación.

 

Como consecuencia de un préstamo que no recibiremos nos tocó hacer un depósito en la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿ Donde está nuestra soberanía, porqué se aceptan este tipo de despropósitos ?. No se utilizó el crédito con el F.M.I., porque se prefirió acudir a nuevo endeudamiento en el mercado internacional de capitales, por dos razones:

1.- El dinero del “crédito” con el F.M.I. solo debe utilizarse para resolver problemas de balanza de pagos.

 

2.- Cuando un país utiliza el “crédito” del F.M.I., puede emitir señales negativas sobre el comportamiento de su economía.

 

La deuda con el F.M.I. sería de US $ 2.700 millones; pero, por no utilizar esos recursos, Colombia debe pagarle al F.M.I., una comisión de compromiso por la administración de ese dinero, además de una tasa de interés anual del 3,8 %. Al aceptarse este tipo deuda, el cobro de lo no debido, el cobro sin fundamento jurídico, está pisoteando la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, no una entidad externa.  El pueblo ejerce la soberanía en forma directa rechazando legal e idóneamente este atropello.

 

 

 

 

El crédito del F.M.I., se rechaza porque Colombia no tiene problemas en su balanza de pagos, y no se utilizará, porque no existen las señales peligrosas en nuestra economía, pero, este organismo “aprobó” US $ 2.700 millones de dólares; sin embargo, el Banco de la República le anunció al F.M.I. que no utilizará esos recursos, otros países los han utilizado tan pronto les son aprobados, porque la situación de esos países en su economía, es de depresión.

 

Países que están en crisis aguda, sí emplean estos dineros, pero el Banco Emisor, sin autodeterminación, sin respetar la legislación vigente, no ha rechazado todo EL ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I., como debía haberlo hecho.

 

Con este tipo de “Acuerdos”, dejan de ser funciones constitucionales, la regulación de la moneda, los cambios internacionales, el crédito, la emisión de moneda legal, la administración de las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del Gobierno en coordinación con la política económica general, quedan  en franca violación del artículo 371 de la Constitución; las competencias reales del Banco Emisor quedan en segundo plano, la autonomía se desmorona totalmente, al introducir  condiciones innecesarias que ante que acercar la paz la alejan.

 

La economía mundial evoluciona hacia el plan de vida no contaminante, no consumista, no acumulativo; el plan de vida, construye comunidad mediante un proceso de apropiación paulatina de su problemática; se rechaza el “Acuerdo”, porque al contrario de imponer, el plan de vida, busca, crea y concerta creativas formas que garantizan la manutención diaria, apoyados en un sistema colaborativo y solidario de manejo del aporte a la armonía familiar, al patrimonio colectivo, al espacio público.

 

PARA EJERCER EL CONTROL DE LOS FACTORES MULTIPLICADOS POR LA CRISIS SOCIAL Y ECOLOGICA PREVISIBLE, en los Estados del Norte y en todos los países capitalistas desarrollados, están adecuando sus sistemas represivos, desde los poderes jurídicos hasta los ejércitos: los manipuladores del poder económico se están acorazando y blindando para responder a luchas internas y externas.

 

Tenemos experiencia antagónica a este terrorismo económico, en el modelo de sustitución de importaciones, regido por el proteccionismo, acompañado de financiación por parte del Estado y de afluencia de capital externo, que originó una industria liviana con un sector manufacturero en crecimiento acelerado que complementaba su desarrollo con la inclusión de maquinaria y equipo importado.

 

 

 

 

Tuvo una primera etapa enfocada a la producción de bienes primarios (alimentos, cueros, vestuario), seguida de la etapa de elaboración de bienes intermedios (textiles, caucho) que produjo un crecimiento rápido de la industria, para dar paso al inicio productivo de bienes tardíos  (papel, derivados del petróleo y del carbón), que fomentó el aumento de la demanda interna.

 

Durante éste modelo de sustitución las exportaciones se vieron disminuidas al no generarse excedentes en la producción y al preferir los productores el mercado interno que les representaba un mejor rendimiento, por lo cual, se crearon exenciones para productos importados que fueran incorporados en bienes exportables con mayor valor agregado.

 

En éste periodo las crisis cambiarias jugaron un factor determinante, permitiéndose la entrada de importaciones y viéndose la necesidad de adoptar un modelo exportador que permitiera la disposición de divisas en la economía, todo ello, apoyado en políticas de devaluación y fondos de promoción para el sector. Este modelo exportador se benefició de las áreas donde el proceso de sustitución iba más avanzado, pero no desarrolló productos a menores costos ni aquellos que tuvieran una demanda elástica; sin embargo, amplió la base exportable. Este proceso se debilitó, porque no generó un desarrollo tecnológico sostenible, ni reformó la distribución inequitativa del ingreso y la propiedad, unido a la pérdida de inversión, a la revaluación del peso, a la liberación de las importaciones y por fallas en la integración Andina, producto de la crisis mundial. Lo que condujo a una paulatina liberación de la economía que sustentaba las exportaciones en la tasa de cambio, U.V.R. internacional, y no en un incremento en la productividad, ni en la diversificación de la producción exportable, dando paso al período de apertura económica.

 

La apertura como modelo de desarrollo, promovía la eficiencia interna y la innecesaria competitividad del país para dar paso a las tendencias tecnológicas y a la especulación mercantil y financiera, mediante la eliminación gradual de todo tipo de protecciones (aranceles, licencias), continuó las privatizaciones para la producción de viviendas iniciadas en el 70, con el sistema UPAC, las reformas financieras y laborales, que buscaban mejorar la satisfacción y los precios para los consumidores, aumentando la productividad, las exportaciones y los niveles de empleo.

 

Este modelo en su primera etapa originó varios cambios en el consumo colombiano, en la disposición de crédito, en las bajas tasas de interés y en el lavado de dólares, que ocasionaron un crecimiento del PIB, pero con un desbalance externo y fiscal, y una adaptación tecnológica que buscaba el desarrollo eficaz de la utilización de los factores que crean, promueven el DESEQUILIBRIO SOCIAL; el “Acuerdo lo institucionaliza.

 

 

 

 

Resultados que prolongan el desequilibrio social, se empezaron a notar a partir de los primeros años de los 80, cuando se oficializó la doctrina de guerra de baja intensidad y a la vez, se relanzó la segunda guerra fría, formando parte de un plan global unido a medidas socioeconómicas en las que juega un papel central el FMI. En la segunda fase se produjo un deterioro de la demanda como consecuencia de la pérdida de excedentes transitorios de ingreso, por la revaluación real del peso, por las elevadas tasas de interés y por un incremento en los niveles de contrabando, que alteraron las mejoras en la industria y perjudicaron el desarrollo productivo generando altos niveles de desempleo.

 

La apertura económica y la globalización, según varios economistas, fueron impulsadas por la transnacionalización del capital, por la crisis de la deuda externa, lo que iniciaba la recaudación de capital para el pago de la deuda mediante la eficiencia productiva en el comercio internacional, reorientando la estructura productiva hacia el mercado externo; debido a la ineficiente estructura monopolística y oligopólica, que mantenía la rigidez de los precios, bajos niveles de inversión, lo cual no permitía la innovación en productos y procesos y por lo cual era necesario eliminar los privilegios y aislamientos, por la deficiente integración de los sectores productivos internos, que no se complementaban para no depender de productos de elaboración externa; el “Acuerdo”, trata de evitar la culminación de este terrorífico y violento proceso que acabó miles empresas, fueron inhumanos en contra de nuestras iniciativas.

 

Antagónicamente a los propósitos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales internacionales, Colombia, ofrece porque podemos basarnos y estamos utilizando los recursos propios, toda una alternativa que avanza generando trabajo hacia la autogeneración de recursos productivos, monetarios y de todo tipo. La sabia decisión de la Corte Constitucional de aumentar constitucionalmente los salarios, obedece a la comprensión del recurso que no quiere utilizar o no dejan emplear quienes están al mando del Emisor; quienes no desean nuestra independencia nacional y nuestra autosuficiencia, prefieren agudizar y mantener la guerra. Operan pues, dos fuerzas, una de colaboración e integración y otra de fragmentación, expoliación y opresión; en la lucha entre ambas se va definiendo una dinámica hacia el intercambio justo y otra hacia la acumulación.

 

Sin consultar al Congreso de Colombia, el artículo 150 numeral 16 de la Constitución Política, se violó con este tipo de manipulación; con unos “recursos” que no llegarán a Colombia, no se genera empleo. Se viola el ORDEN JUSTO, y nuestra INDEPENDENCIA NACIONAL, contenidos en el art. 2 de la Constitución Política. Deuda adquirida como compromiso, por dineros que son “papeles” que nunca entrarán a Colombia, que no crean armonía, tampoco originan trabajo, pero sí engendran dependencia.

 

 

 

 

La potestad de tomar definiciones y determinaciones propias, desaparece totalmente, en antagónica posición con el Art. 25. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.  Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”

 

Reconocemos a nombre de la familia colombiana la Jurisprudencia Generada en los años 1999 y 2000, por la Corte Constitucional, reconociendo derechos de los trabajadores y del pueblo en general; la Corte Suprema de Justicia, como respuesta consecuente, reconoce nulidades de procesos, en demandas contra el Anatocismo, germen de la violencia institucionalizada a través del crédito.

 

La pérdida de autonomía administrativa, patrimonial y técnica, se pretende legitimar conllevando con ello a la ausencia de soberanía monetaria, y lo más grave es que se institucionalizan la intervención en nuestros asuntos internos, sin necesidad desde Colombia, se imponen veleidades eludiendo el artículo 371 de la Constitución. Las funciones básicas y autónomas del Banco de la República, se entregan a mandatos del F.M.I., en esencia desprovistos de dignidad e independencia nacional, son dictámenes que institucionalizan la arbitrariedad, son órdenes del modelo que vienen desde afuera y desde arriba, con disposiciones que engendran violencia institucionalizada y física. El neoconservatismo de la gran propiedad privada, es un modelo subnormalizante, depredador, acumulativo que está dispuesto a todo y a más, porque conoce los problemas que pueden aparecer en cuestiones que atacan los mínimos vitales.

 

Arrollando la autonomía, se imponen la usura, el terrorismo económico, la alienación mental, económica y política. El desafío es frontal contra el Estado Social de Derecho y el Pueblo Soberano, al eludir la potestad e independencia del Emisor. La desinstitucionalización de la usura, ha exigido un análisis histórico-matemático,  para comprender las causas económicas de la violencia, la corrupción y todos los factores de desestimación social, que manejados desde el extranjero por un modelo acumulativo, acuden a la violencia física y se niegan rotundamente a distribuir pacíficamente la abundancia.

 

La RENEGOCIACIÓN COLABORATIVA, en que se encuentra inmerso el Pueblo Soberano, necesita desarrollar poder público, libre de presiones acumulativas, para demostrar las bondades de la Economía Solidaria, sector real que mueve más del 60 % de nuestra economía colombiana; más de 55.600 empresas comunitarias, nos ofrecen un panorama de gran cobertura nacional son básicas en la verdadera reforma estructural en marcha desde 1991. El Pueblo Soberano y el Estado Social de Derecho, tienen en LA INVESTIGACIÓN y JURISPRUDENCIA COLABORATIVAS, herramientas para evolucionar normas, en íntima relación con la realidad y en plena concordancia.

 

 

 

 

La verdadera justicia necesita una administración del pensamiento, basada en principios fundamentales, como el respeto y la colaboración, solicita una labor constructiva para comprender nuestra realidad e infinita capacidad mental y social, que actúe y respalde ampliamente las nuevas determinaciones; necesita que se implementen procesos para sensibilizar, reemplazar y poner en evidencia las injusticias sociales, las presiones inflacionarias y todas las formas de abuso del poder. El “Acuerdo”, no permite, establecer la anulación de la inflación, como aspecto inconstitucional que és, ni permite cuestionar la enajenación de bienes de uso público, en franca confrontación con el artículo 277 que obliga a la Procuraduría defender el patrimonio público. La autonomía queda en el papel; con la permanente intervención en nuestros asuntos internos, se generan múltiples problemas a la democracia, a la concertación, a la participación, porque en este “Acuerdo”, prima la imposición.

 

Filosóficamente, rescatando valores y principios, rechazamos el sofisma, porque este fundamenta el sistema, el modelo y las agresiones sobre premisas falsas; impugnamos afirmaciones, como sobrevaluación de la tasa de cambio, deuda eterna y sus aumentos continuos, como estadios de inferioridad insuperables, toda una serie de falacias, de dogmas y de variables que producen inestabilidad; por esta razón, somos partidarios de las constantes matemáticas y cuestionamos las variables porque en esencia son manipulables y ocasionan la volatilidad financiera.

 

El análisis de conceptos e índices como I.P.C., límites del interés legal, inflación, servicio de la deuda externa, programas de financiación, devaluación y muchos otros aspectos que inciden en el poder de compra de nuestros hogares, ha permitido plantear procesos que nos orienten hacia el fortalecimiento del Poder del Estado Social de Derecho. Rechazando deformaciones dogmáticas, se está construyendo comunidad sobre la base de una educación contextual, sobre su propia realidad, conquistando la Fundamental y Estructural Recuperación de la Capacidad Adquisitiva Familiar. La desinstitucionalización del terrorismo económico y la usura, ha exigido un análisis filosófico, histórico-matemático, para comprender causas económicas de violencia que en esencia son las principales fuentes de desigualdad.

 

La devaluación impide la regulación de la moneda, cambiaria y del crédito. Unos índices causan más muertes, miseria y quiebra de empresas que la guerra misma; índices e impuestos maquiavélicamente legalizados, producen la descomposición social, la soportan y la legitiman; efectos como la corrupción y factores de desestimación social, acuden a la violencia física, negando en complicidad elitista, la posibilidad de distribuir pacíficamente la abundancia, manejados desde el extranjero con un modelo acumulativo exageradamente sensible, a las presiones desestabilizadoras externas.

 

 

 

 

Por solicitud del pueblo soberano, Colombia, avanza hacia la autogeneración de recursos monetarios; quienes no desean nuestra independencia nacional, nuestra autosuficiencia, prefieren agudizar y mantener la guerra, el Plan Colombia.

 

La deuda externa y la dependencia, no son otras cosas que necesidades impuestas desde afuera, en complicidad con personalidades que no entienden ni entenderán que la solución se tiene en la emisión autónoma, colocada a intereses menores de los que cobra el F.M.I. por no entregar el dinero.

 

Por no utilizar esos recursos, Colombia debe pagarle al F.M.I., una comisión de compromiso por administración de ese dinero, ¡ que tal ! Tiene que pagar al F.M.I., también, una tasa de interés anual del 3,8 %, esta es una ilegalidad.

 

Este cobro de administración e intereses, es una equivocación jurídica, que debe generar una indemnización por parte del F.M.I., porque existe abuso del derecho; esta es la más crasa violación de igualdad ante la ley, porque nos coloca como seres inferiores objeto de vejámenes, sobreexplotaciones y saqueos sistemáticos.

 

Nuestra patria está cediendo el respeto al orden político, económico y social justo; la dignidad humana, está siendo agredida con la prepotencia del F.M.I. La sensación, es de impotencia del gobierno e ignorancia, lo que se logra con un “acuerdo” como este, es legalizar la dependencia innecesaria. La falta de autoestima que engendra el “Acuerdo” que en realidad es una trampa para que se acepten imposiciones desde afuera con la autoría y complicidad interna. Se engendra así, la más macabra, ficticia y malévola deuda, dinero que no es dinero, deuda que no es deuda, expectativa que no es expectativa, esta sí, es la típica consecuencia de la incoherencia de la deuda externa y manipulación desde afuera.

 

El ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I., es ilegal y por tanto, inconstitucional. El cubrimiento de la economía con el dinero que se necesita, con los medios de pago suficientes inclusive sin cobro de intereses, en coordinación con Planeación Nacional y Ministerios de Hacienda y Desarrollo, es la función del Banco Emisor, pero está ocurriendo lo contrario, aquí se está eludiendo la jurisprudencia, la constitución Política, porque en la legislación colombiana, en el código de comercio o en el código civil, no existe la posibilidad de que en los contratos, convenciones o acuerdos se tenga que pagar por dinero que no se recibe. Que atropello a la dignidad humana, que falta de vergüenza, que falta de autovaloración, esta es, la total y absoluta permisividad para acabar el orden justo, imponiendo la ausencia de principios, por no utilizar esos recursos.

 

 

 

 

Este acuerdo, es la prueba fehaciente para demostrar que inevitablemente en Colombia, no se necesitan los créditos externos. El préstamo se aprobó, pero por no responder a la situación caótica exigida por el F.M.I., estas sumas no se solicitaron o nó se aceptaron.

 

Las privatizaciones contenidas en los artículos de reformas estructurales, del “ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I.”, tampoco respetan el Preámbulo, ni los artículos 1, 2, 9, 63, 277 de La Constitución Política, porque en su mayoría son bienes de uso publico, inembargables, imprescriptibles e inalienables.

 

La emisión de los medios de pago suficientes y su colocación inclusive sin cobro de intereses, en coordinación con Planeación Nacional y Ministerios de Hacienda y Desarrollo, es la función del Banco Emisor. Como síntesis al problema y como propuesta que día a día es más comprendida por diferentes personalidades, se argumenta que la corrección o parte de ella, al problema social, está en la Emisión de medios de pago: cuando Colombia, tenga un presupuesto de         $ 100 billones y para ese año se proyecte un crecimiento del 5 %, se debe emitir y distribuir una cantidad equivalente a ese 5 % o sea, $ 5 billones. Ignorando este tipo de sencillas determinaciones, pero con una profunda trascendencia, el F.M.I., está imponiendo descaradamente la pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda; es una ilógica conminación basada en la premisa falsa de creer que es correcta el alza permanente de los precios de los artículos de consumo diario, esta es una premisa falsa.

 

EL ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I., arremete brutalmente nuestra INDEPENDENCIA NACIONAL, es un pacto que tiene incidencia perniciosa sobre toda la Jurisprudencia preexistente y en construcción; es un convenio innecesario para la totalidad del pueblo colombiano, es una equivocada determinación que solo beneficia a quienes están acostumbrados al abuso del derecho y al abuso de la autoridad.

 

El Gobierno en contra de nuestra autodeterminación, está cediendo el respeto al orden político, económico y social justo; y está provocando una guerra absurda por no renunciar a postulados apátridas; el Gobierno está exterminando la dignidad humana, en contra de nuestra autodeterminación que está siendo agredida con la complacencia del F.M.I.

 

Se puede emitir sin generar inflación e inclusive se emitirá para aumentar la capacidad de compra de nuestros congéneres; se puede recurrir a los acervos propios y fundamentalmente a la autogeneración de recursos; el Emisor no emite, porque le tiene miedo a la voracidad del sistema financiero, pero convive y cohonesta con él, la falta de dinero.

 

 

 

 

Violando la autodeterminación, para amenazar el cobro de la impresionante deuda que los pueblos empobrecidos padecen; desde los 80, se generan protestas de países como México en 1982, que de haberse rechazado la carga, hubieran puesto en quiebra las finanzas de los Estados Unidos, deuda intolerable, conformada solo por papeles que analistas internacionales definen como papel chatarra, porque es una deuda impagable e inhumana.

 

La intervención en nuestros asuntos internos, plantea reglas ilegales para constitución de reservas; mandamientos constitucionales como la estabilización cambiaria y monetaria y el destino de los excedentes de sus utilidades que deben ser empleadas para la cancelación total de la deuda externa, no pueden tocar este aspecto porque el mandato del F.M.I. no lo permite; su determinación ilegal, es mantener y aumentar la deuda externa para así, tener maniatada nuestra economía. Entonces, el papel del Banco de la República, no es el peso colombiano; su papel es reducido a la justificación de la devaluación o como equivocadamente la denominan: sobrevaluación de la tasa de cambio.

 

El rechazo mundial a este modelo acumulativo, es progresivo e irreversible, por lo tanto, se exige respeto para el Estado Social de Derecho, mediante esta demanda. La regulación de la moneda, los cambios internacionales, el crédito, la emisión de moneda legal, la administración de las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del Gobierno en coordinación con la política económica general, quedan  en franca violación del artículo 371 de la Constitución Política, porque se hacen sin autodeterminación, violando nuestra independencia nacional obedeciendo al terrorismo económico con metas absurdas e inconstitucionales que en nada consultan la realidad colombiana.

 

La presión desestabilizadora, la intervención en los asuntos internos, la violación de la autodeterminación, institucionalizan el desequilibrio económico y político, inherente condición del modo de funcionamiento del sistema financiero internacional. La emisión acorde con las necesidades para conseguir la paz, está completamente desdibujada su función como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, quedando disminuida a su más mínima.

 

Colombia, no puede aceptar que por un dinero que no va a recibir, se estén rindiendo informes y se afirme que el país está cumpliendo a cabalidad las metas macroeconómicas establecidas en el “Acuerdo con el F.M.I.”. La pérdida de autonomía administrativa, patrimonial y técnica, conllevan la ausencia de soberanía monetaria, eludiendo el artículo 371 de la Constitución. El manejo monetario sin autonomía y el mantenimiento de un monto de reservas internacionales, son los objetivos principales de los manipuladores del poder económico para bloquear la independencia nacional.

 

 

 

 

Emitir, para evitar esta aberración ético-política, para que estos absurdos no se puedan institucionalizar, para que no falte dinero en la producción y existan oportunidades generadoras de convivencia. Colombia, antagónicamente al recorte exigido del gasto e inversión social, necesita abundantes medios de pago y puede producirlos mediante la emisión de pesos colombianos, pagarés de reforma urbana vigentes desde la ley 9 de 1989 artículo 100 de reforma urbana, Títulos de derechos adicionales de construcción y desarrollo vigentes en la ley 388/97 de ordenamiento territorial artículos  88 y 89, y otros medios de pago, alternativas para impedir el endeudamiento.

 

No se pueden aceptar determinaciones que están agudizando el problema social, eludiendo el Art. 371.  “El banco de la República ejercerá las funciones de banca central.  Estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.

Serán funciones básicas del Banco de la República:  regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del Gobierno.  Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general.

El Banco rendirá al Congreso informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que se le soliciten.”

 

Esta guerra silenciosa, se debe acabar pronto, solicito que la Corte declare Urgencia Nacional, porque el “Acuerdo”, atenta contra la vida y la paz, e ignora los artículos 11 y 22, con fatales repercusiones sociales. El “Acuerdo” es trasgresor porque és una estrategia, contra el orden jurídico, contra el patrimonio público, contra los derechos y garantías fundamentales.

 

La Junta del Banco de la República, no está ejerciendo como autoridad monetaria, porque no emite libremente, ni como autoridad cambiaria al legitimar la inconstitucional devaluación o tasa de cambio.

 

Tampoco funciona como autoridad crediticia, porque evade Sentencias de la Corte Constitucional, c-955/2000, que excluye la U.V.R., no ha fijado la tasa mínima del mercado para vivienda de interés social, digna, pero la Junta en presunto prevaricato y escudada en el “Acuerdo”, permite subir los intereses y violar el orden jurídico, patrimonio público, derechos y garantías fundamentales. En abierto desafío al orden institucional, justo y jurídico, la Junta está permitiendo incrementar el límite de usura a Enero del 2001, al ilegal e inconstitucional 37,59 % anual, porque el “Acuerdo”, le impone otras metas ilegítimas, como subir las tasas de interés.

 

 
 

 

Para profundizar en la investigación sociojurídica de las causas fundamentales de la intervención en nuestros asuntos internos y desorden social, es pertinente  desvertebrar estructuras organizacionales delictivas que institucionalizan círculos viciosos, por esto, son necesarias las Sentencias de la Corte Constitucional, que con la decisión y colaboración de muchos colombianos, está desarrollando en la realidad el Estado Social de Derecho. El cobro sin fundamento jurídico, se evidenció, se deslegitimó y se ubicó como la forma de enriquecimiento sin causa justa, violando la igualdad ante la ley, de un individuo en debilidad manifiesta con relación a una entidad; de manera similar el cobro sin fundamento jurídico, por parte del F.M.I. es el cobro por un dinero que no se recibe, es una burla al orden jurídico nacional e internacional.

 

El “Acuerdo”, pretende legalizar el cobro sin fundamento jurídico. El art. 372 de la Constitución política se maniata y se viola, para que el emisor pierda autoridad monetaria y no emita autónomamente, para cumplir al pie de la letra el “Acuerdo con el F.M.I.” sin la más mínima reflexión sobre su inconveniencia. La Economía, la Política y la Cultura, poseen herramientas que no había tenido la humanidad.

 

En consecuencia, el aporte de la ética a la cultura, permite que la filosofía se descontamine del sofisma, y cree conocimiento en función de la soberanía del pueblo en general y le permita ejercerla directamente, abriendo paso a una mayor disminución de las tasas de interés en claro enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional, sin pedirle permiso ni a él ni al Banco de la República: la nulidad e inconstitucionalidad del Acuerdo entre Colombia y el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, celebrado en el año 1999, por ser violatorio de la Soberanía del Pueblo Colombiano, es una conclusión que dejará múltiples enseñanzas a la humanidad, para que las Constituciones de los Países se respeten; insistimos en esta sana solicitud, apoyados en toda la C.N., en el sentido común y en los propósitos SOLIDARIOS DE LAS NACIONES.

 
La ausencia de emisión, consolida precisamente uno de los medios de coacción
e intimidación previa para obligar a todos los Estados a endeudarse y aceptar el GATT hoy O.M.C., con la advertencia de someter a los desobedientes a cercos comerciales, aperturas en el sentido inconveniente para el país en debilidad manifiesta, violando así la igualdad ante la ley.
 
Queda claro, que la Junta del Banco de la República, ignorando el orden jurídico, patrimonio público, derechos y garantías fundamentales confundiendo y reemplazando la autoridad por una prepotencia aberrante, en esas desventajosas circunstancias, no es autoridad monetaria ni cambiaria ni crediticia, el “Acuerdo con el F.M.I.” le impide serlo.   ¿ Cuál autoridad, con semejantes desproporcionalidades y despropósitos?

 

 
 
 
En pleno desafío al artículo 372 de la Constitución Política, el Banco de la República, deja de ser autoridad monetaria, para ser un instrumento de imposiciones externas; tampoco es autoridad cambiaria, porque se dedica a la gimnasia devaluativa, mucho menos autoridad crediticia, porque con los mandatos del F.M.I. no es factible la democratización del crédito; sin necesidad alguna, el Banco de la República viola la Constitución, la legalidad y la jurisprudencia, con el sometimiento a órdenes extranjeras.

 

En franco desafío se pretende desconocer estas Sentencias y se incumple el Art. 372. “La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley.  Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del Banco y estará conformada por siete miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la presidirá.  El gerente del Banco será elegido por la Junta Directiva y será miembro de ella.  Los cinco miembros restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República para períodos prorrogables de cuatro años, reemplazados dos de ellos, cada cuatro años.  Los miembros de la Junta Directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación.

El Congreso dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá los estatutos del Banco en los que se determinen entre otros aspectos, la forma de su organización, su régimen legal, el funcionamiento de su Junta Directiva y del Consejo de Administración, el período del gerente, las reglas para la constitución de sus reservas, entre ellas, las de estabilización cambiaria y monetaria, y el destino de los excedentes de sus utilidades.

El Presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco en los términos que señale la ley.”

 

La ley de vivienda no es esa ley que sustenta las medidas de la Junta, debería ser el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pero lo fundamental contra la capitalización de intereses, declarado como inexequible en Sentencias  c-700/99 y c-747/99,  porque no lo aprobó el Congreso de la República. El orden jurídico, patrimonio público, derechos y garantías fundamentales el “Acuerdo”, como inconsistencia jurídica, se hizo para evitar el cumplimiento de la Constitución.

 

Para establecer la pérdida de valor del dinero, se perpetúan bloqueos mercantiles, técnicos y científicos, presiones alimenticias y sanitarias, se institucionalizan las arbitrariedades que pretenden convertir la O.M.C. en la gigantesca sede del Superestado de las Multinacionales pretendiendo dominar a todos los pueblos del mundo.

 

 

 

 

Las repercusiones de las crisis, maniobras y especulaciones financieras no se restringen al ámbito económico sino que van degradando el mismo orden social al afectar las condiciones de vida de la mayoría de la población del planeta. Así, la dimensión política no puede dejarse fuera de los análisis que se hacen de la globalización de los mercados.

 

La violencia institucionalizada estimula una permanente pérdida de poder de compra e inestabilidad, porque la guerra sirve para generar una recomposición de la propiedad y del poder económico, cada vez más concentrados y al servicio de la acumulación del modelo neoconservador de la gran propiedad privada. El sofisma que pretenden imponer, quienes sostienen que la  emisión genera inflación, están afirmando que la emisión genera pérdida de poder adquisitivo por exceso de demanda, eso es, una premisa falsa. La Sentencia c-481/99, señala que el Estado por medio del Banco Emisor, básicamente debe buscar preservar la capacidad adquisitiva de la moneda. Se ponen en evidencia, aquí, las intenciones ilegales e inconstitucionales de los manipuladores.

 

La lucha en Colombia, contra las Privatizaciones también, tiene en el Acuerdo con el F.M.I., un absurdo obstáculo, porque desde el F.M.I. en contra de nuestra autodeterminación, fundamentalmente se busca alienar lo inalienable, porque en el F.M.I., B.M., O.M.C., se dieron cuenta de la deuda impagable o papel chatarra que poseían; están buscando agresiva y desesperadamente con estas compras de bienes de uso público, desconocer el artículo 63 de la Constitución Colombiana, para disminuir la solvencia familiar afectando rutinas diarias y necesidades vitales e impedir la recuperación de la capacidad adquisitiva desde la familia, desde abajo y desde adentro, como se propone en el nuevo modelo.

 

El mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, que, para el Banco de la República, es la fundamental responsabilidad, la de proteger el valor del dinero, le es imposible con mandatos desesperanzadores en contra de nuestra autodeterminación, con retos externos, con presiones inflacionarias y políticas que amenazan con una guerra como la del Plan Colombia.

 

El vertiginoso aumento de la deuda impagable, el crecimiento del papel chatarra, ha tenido como consecuencia, la iliquidez en los mercados de dinero y capital; dineros especulativos que se desplazan entre los países y diversos mercados para privatizar bienes de uso público, simulan ayuda cuando en realidad se está agudizando la agresión, se está implantando el desplazamiento, se generalizan la violencia institucionalizada y el terrorismo económico. Con el “Acuerdo”, afanosamente se orquestó enajenar lo inalienable,  en contra de nuestra autodeterminación, ante el desespero acumulativo de las élites y fundamentalmente buscando mantener el poder.

 

 

 

 

Se impide la estabilidad económica, y a toda costa, entrar en la más infame y aguda confrontación bélica conservando privilegios y controlando como se ha hecho desde hace varias décadas, el poder. Ordena el Art. 373.  “El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.

El Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos.  Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto.  El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares.”

 

Se elude una realidad, porque en la legislación colombiana, los contratos se invalidan por causas legales, como esta, ya que no existe la posibilidad que se tenga que pagar por dinero que no se recibe en los “contratos”, convenciones o acuerdos y mucho menos obedecer imposiciones.

 

El ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I., después del rechazo del dinero por parte de Colombia, quedó intacto, dejándolo inmune, o mejor sigue impune. Así, sutilmente se pierde nuestra vergüenza e independencia nacional, se está renunciando a la autodeterminación. La anulación total de esa disposición unilateral, es viable con base en el código civil, artículo 1533: “Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple; si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral o prohibido, vicia la disposición.”, en este caso se niegan principios constitucionales, de manera inconveniente para Colombia, condición negativa de una cosa físicamente imposible; el “acuerdo” no lo firmó representante alguno por el F.M.I., existe entonces, el hecho prohibido en nuestra legislación, no existe ni acreedor ni deudor; las condiciones negativas, son físicamente imposibles porque son intangibles imposiciones, pero nocivas metas de inflación, de reducción del gasto público y absurdas disposiciones.

 

Tampoco se puede tolerar que por un dinero que nó vamos a recibir, o sea, cobro sin fundamento jurídico o pago de lo no debido, se pague cuota de administración y el 3,8% anual, se prohíba la emisión con autonomía, se obliguen recortes al gasto público, se exijan despidos masivos, se promuevan privatizaciones, se acepten metas inconstitucionales de inflación, devaluación, tasas de interés, límites de usura u otras exigencias impertinentes.

 

Las funciones y mandatos constitucionales son atropellados sistemáticamente por la intervención de estas financieras multilaterales internacionales.

 

 

 

 

 

Si las relaciones internacionales se hacen violando las más elementales normas y formas de un acuerdo de mutuo, ¿ Porqué tanto castigo a los individuos? La soberanía monetaria, no ha existido y no es posible con sofismas como el de la necesidad de respaldar las emisiones con reservas externas; cuestionamos y rechazamos premisas falsas como la aseveración que cuando se emite se genera inflación y otras afirmaciones falsas que no buscan sino mantener dependencia económica.

 

Si el Gobierno, no rinde informes por este “ACUERDO” o por el “PLAN COLOMBIA” al Congreso de Colombia, según el Ministro de Defensa a finales del 2000, por razones de seguridad, entonces, con mayor razón, no debe hacerlos a una entidad extranjera, como el F.M.I. No hace falta insistir en los terribles efectos destructores que el golpe de la O.M.C. va a asestar a la inmensa mayoría de Estados, países y pueblos de la Tierra. La financiación de la vivienda en Colombia, nos ha puesto sobre alerta y ha adquirido una importancia estructural, está permitiendo comprender el espacio vital, desde instrumentos, procesos e interpretaciones ubicuos.

El análisis del contexto, en defensa de la dignidad y autodeterminación, rechaza el “Acuerdo”, por arbitrario. BM, FMI, GATT. ¿Qué esconden estas siglas? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y GATT son la dirección mundial de la explotación capitalista. El SUPERESTADO DE LAS MULTINACIONALES, pide la presión desestabilizadora, la remilitarización represiva y uso chantajista de FMI, BM y O.M.C. para mantener el orden y las sobreganancias del capital. Para controlar factores de guerra y tensión permitiendo la privatización.

 

En Colombia, alienar bienes de uso público, como el agua, la energía, el subsuelo, el espectro electromagnético, la infraestructura en general, es violar el artículo 63 de la Constitución. Para alcanzar niveles más altos de rentabilidad y buscar al mismo tiempo diversificar sus riesgos, se han abierto para ello nuevos espacios en países en desarrollo y en los mercados creados en lo que fuera el bloque socialista; la nueva estructura del poder mundial, ha sido un impulso adicional para la acumulación del capital financiero.

 

El Superestado de las Multinacionales con su globalización, incrementa el valor de las inversiones financieras y las formas de sus nuevas contradicciones, requieren de tal forma de la subsistencia de los mercados nacionales de dinero y capitales, porque permiten aprovechar los diferenciales de rendimiento y obtener ganancias en el margen, pasando por encima del orden constitucional; con funestas consecuencias, fundamentando el ataque al mínimo vital, violando el orden jurídico, saqueando el patrimonio público y violando los derechos y garantías fundamentales, se orquesta toda una obra de teatro en contra de nuestra autodeterminación.

 

 

 

 

La presencia de un Banco Central fuerte e independiente con este tipo de inconstitucionalidades, es una utopía porque su fuerza se emplea para retar al Estado Social de Derecho, en total desafío para no emitir ni coordinar con la política económica general. ¿ Porqué cada tres meses, el F.M.I. le incrementa a Colombia la disponibilidad del crédito en 230 millones de dólares hasta completar el cupo de los US $ 2.700 millones, aprobados en diciembre de 1999 ?. Estamos cediendo el respeto al orden político, económico y social justo; la dignidad humana, está siendo agredida por el F.M.I. No utilizando esos recursos, sin explicación clara, no es legal que se estén rindiendo informes, ni Colombia le pague al F.M.I., una comisión de compromiso por la administración de ese dinero y una tasa de interés del 3,8 % anual, ¿ cual acreedor y cual deudor ?, afirmando que el país está cumpliendo a cabalidad las metas macroeconómicas establecidas en el “Acuerdo”.

 

Con la deuda externa preexistente, además sistemáticamente, se han estado anulando las facultades que tiene el Estado, disminuyéndolo para justificar las privatizaciones. La Autonomía Colombiana es violada en el Acuerdo Extendido entre Colombia y el F.M.I., porque se plantean reformas para disminuir la capacidad del Estado Social de Derecho sin consultar con el Pueblo Soberano, con este documento “acuerdo” se destruye nuestra AUTODETERMINACION. La Apertura Económica y la Globalización, atropellando el orden jurídico, han destruido miles de empresas, han debilitado el patrimonio público y ha generado inestabilidad política, también han sido la forma más concentrada de terrorismo económico que ha generado violencia, desempleo, desplazamiento.

 

Las reformas estructurales que vienen con imposiciones externas, por medio de deuda  externa, prolongan la dependencia económica; están equivocados quienes insisten en reformas estructurales que en esencia son eso, reformas en contra del Estado Social de Derecho; cambios sincronizados con la sistemática dependencia de la deuda externa, ellos en el fondo, nó comprenden ni desean el desarrollo de nuestra Constitución Política, no entienden el curso de una profunda revolución pacífica y de una verdadera  reforma político-financiera en marcha, contenidas en nuestra Carta Magna y que con ella, en rechazo al sometimiento, diariamente se construyen alternativas definitivas.

 

El Sistema Financiero, inconstitucionalmente, tiene ahogadas a las entidades territoriales, está endeudándolas con altas tasas de interés, violatorias del interés legal 6 % anual, la deuda pública en esas condiciones es inconstitucional, porque genera endeudamiento crónico, y está obedeciendo a un interés ilegal, del F.M.I. introducido por el “Acuerdo”; las entidades no han recapacitado sobre este desangre del presupuesto, generado por el pago de intereses sobre intereses, por la esclavización económica, el endeudamiento consuetudinario y el establecimiento de reservas al servicio de la deuda.

 

 

 

 

El anatocismo, hace crecer la deuda externa que crece incontrolablemente con la devaluación que fundamentalmente tiene consecuencias funestas e incidencias negativas en la gestión del Estado Social de Derecho.

 

Esta, es una causa de corrupción, de disminución del poder del Estado, porque los depósitos y el pago de altas tasas, está presionado desde los Bancos Mundiales y Corporaciones Internacionales; las Cooperativas están excluidas de esta práctica delictiva, del saqueo macroeconómico. El Emisor no cumple su función constitucional, porque le tiene miedo a la voracidad del sistema financiero, al contrario, convive y cohonesta con él, la falta de dinero. La recuperación de la vergüenza e independencia nacional, crean soberanía monetaria, este es un proceso que construye comunidad y es irreversible, pero es lento, por lo antagónico a las intenciones dictatoriales del sistema financiero, es complejo y fuerte.

 

La desinstitucionalización del abuso del derecho, está eliminando el sistema hipotecario expoliante y expropiante, está generando la verdadera libertad con el rechazo generalizado al abuso de la autoridad.

 

Los USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO, estamos implementando el cumplimiento de la ley preexistente, del debido proceso, para recuperar la capacidad adquisitiva desde nuestro hogar y para nuestra familia. Contra la especulación cambiaria y financiera, está estipulado en el código civil, artículo 2232, es: si en la convención se estipulan intereses sin expresarse la cuota, se entenderán fijados los intereses legales. La labor del Banco de la República y la Superintendencia Bancaria, debe ser la de hacer respetar constantes legales y matemáticas. La Sentencia c-747/99, declara inexequible la capitalización de intereses, en consecuencia, queda por igualdad ante la ley, prohibida para las demás operaciones financieras.

 

La economía doméstica es la que se hace desde la base desde la cocina, desde el hogar, desde la familia y es la clave para el nuevo modelo tan esperado por la humanidad. El sector real es el que vive todos los días el pueblo colombiano, no el que se inventa un economista para justificar, desproporciones. Este supuesto y desproporcionado “Acuerdo” que no está firmado por el Fondo Monetario Internacional, es incoherente porque acude al abuso, evita la firma del Presidente de la República.

 

La deuda pública externa, causa déficit fiscal, por la esclavización económica, el endeudamiento consuetudinario y el establecimiento de reservas al servicio de la deuda, son prolongadas innecesariamente en el “Acuerdo”. La deuda pública interna, es principal causante del déficit fiscal; se están pagando intereses sobre intereses a los bancos, orden inconstitucional esta en el “Acuerdo”.

 

 

 

 

El Banco de la República le anunció al F.M.I. que no utilizará esos recursos porque Colombia no tiene problemas en su balanza de pagos como sí ha sucedido con otros países que han que los han utilizado tan pronto les son aprobados. El ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I., generó un problema que radica en la imposición de medidas inconvenientes, violatorias de la soberanía nacional, nefastas para la coyuntura económica nacional; por estas determinaciones descontextualizadas e inhumanas ( recorte de personal), el “acuerdo” es ilegal y por tanto inconstitucional, porque por ejemplo, en el caso en que la Corte Constitucional declaró inexequible el despido masivo de trabajadores como política de reestructuración de las Empresas, aclara que despido no equivale a reestructuración.

 

También en la legislación colombiana, en el código de comercio o en el código civil, no existe la posibilidad de que en los contratos, convenciones o acuerdos se tenga que pagar por dinero que no se recibe.

 

Si cada tres meses, el F.M.I. le incrementa a Colombia la disponibilidad del crédito en 230 millones de dólares hasta completar el cupo de los US $ 2.700 millones, pero, es un dinero que no se necesitó ¿ Cuales son las medidas que demuestren y recuperen nuestra soberanía ?, porque, si fueron admitidas en el papel pero en la realidad no se aceptaron, ¿ Cual es la INDEMNIZACIÓN, por el abuso del derecho o de autoridad que está cometiendo el F.M.I. ?

 

El artículo 150 numeral 16 de la Constitución Política, se violó descaradamente. La forma como se hizo EL ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I., tiene enormes vacíos jurídicos, porque se ignoraron requisitos indispensables para su aprobación, por ejemplo, su discusión en el Congreso de Colombia, el artículo 150 numeral 16 de la Constitución Política, se desconoció.

 

El “Acuerdo”, es una declaración de guerra no física e indirectamente física, es el atropello a dignidad y a la soberanía, por medio del recorte al gasto público, del despido masivo e inconstitucionales privatizaciones. El establecimiento de metas económicas desde el F.M.I., es igualmente inconstitucional, porque acaba el orden justo e igualdad ante la ley por su carácter impositivo, por su origen intervencionista.

 

La crisis del modelo acumulativo, es una gran oportunidad para la humanidad entera para desconcentrar la propiedad y las oportunidades. Las principales causas del desorden y descomposición sociales se ven más claras día a día; la función social y ecológica de la propiedad, son la base del proceso y de la nueva dinámica colectiva en Colombia, son aspectos que se están elaborando desde una prospectiva colaborativa.

 

 

 

 

El bien común y el interés general, existentes en el preámbulo y artículo 1 de nuestra Constitución Política, crean estructuras comunitarias sólidas, primando el poder público sobre el interés particular; día a día, las intenciones coincidentes de las agrupaciones humanas, desarrollan el pensamiento, evolucionan las expectativas, mejoran dialogo interpersonal y en general se fortalecen las sanas relaciones sociales. 

 

Oportuna y pertinente en la coyuntura local, nacional e inclusive internacional, es la determinación de inconstitucionalidad de la intervención en los asuntos internos de Colombia de este “Acuerdo”; es parte de la lucha del pueblo, por la recuperación de la capacidad adquisitiva desde la familia; la lucha contra la capitalización de intereses, contra la inflación, contra la devaluación, contra la deuda externa, fortaleciendo los mercados locales, está evidenciando y viabilizando la superación de las violencias institucionalizadas a partir del hogar.

 

Las reformas que se necesitan se orientan hacia EL RESCATE DE LA SOLVENCIA  DE COMPRA DESDE LA FAMILIA, Y EL REECUENTRO DEL PODER DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO, TIENEN REPERCUSIONES MUNDIALES INMEDIATAS; la relación entre macroeconomía y microeconomía, permiten poner en evidencia las presiones inflacionarias y elaborar las verdaderas alternativas que espera la humanidad. Implementando la Investigación Sociojurídica, se llega a la construcción de comunidad y obtención de la tranquilidad proporcional, para la conformación diaria de paz.

 

Implementando el art. 9 de la Constitución Política define: “Las relaciones exteriores del Estado, se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia…” no se aceptaron dineros del F.M.I., porque Colombia no tiene problemas en su balanza de pagos, como sí ha sucedido en países que los han utilizado tan pronto les son aprobados.          ¿ Si Colombia, nó va a utilizar ese dinero, porqué quedó el “acuerdo” ?

 

El ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I. quedó intacto, aunque no se recibirá, “acreedores y deudores”, fueron dejando el “acuerdo” inmune, o mejor dicho, impune; este dinero nunca se recibirá. El Derecho Internacional, no aprueba la violación de la soberanía nacional ni de la autodeterminación, ni la intervención en los asuntos internos.

 

Se vicia la disposición porque está prohibida la ingerencia en el manejo de la economía, por parte de entidades financieras multilaterales internacionales. El artículo 150 numeral 16 de la Constitución Política, se ha evadido porque el Gobierno, no rinde informes al Congreso de Colombia, por este “ACUERDO” o por el “PLAN COLOMBIA”.

 

 

 

 

Con el pretexto de un cupo asignado por el F.M.I., y por medio de afanes para justificar el endeudamiento externo, recorte del gasto, privatizaciones, capitalización de intereses, se está disculpando la intromisión en el manejo de nuestra economía, a través de un crédito externo que no se necesita, se están entregando las soberanías monetaria, económica y política.

 

Informar sobre la evolución condicionada de nuestra economía y permitir el seguimiento de las metas impuestas por ese Superestado de las multinacionales y de las potencias, con limitaciones desde afuera, es tolerar la más coercitiva ingerencia en nuestra vida nacional. Solicito que se declare la inexequibilidad de todos los artículos del ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL F.M.I.

 

El GATT hoy O.M.C. impone la liberalización definitiva de tres áreas de la producción y el comercio mundial, redefinición desde y para los criterios e intereses ELITISTAS: una, comercio internacional de servicios; dos, comercio internacional del textil; tres, comercio internacional de productos agrarios y último, cuatro, redefinición del concepto de "país en vías de desarrollo". No aceptamos imposiciones del F.M.I., porque violan nuestra soberanía, impiden la Planeación Decisiva, ponen condiciones inaplicables; por la investigación objetiva y dinámica mencionada. Está avanzando el pueblo colombiano con AUTODETERMINACION, SIN INGERENCIA EXTERNA EN NUESTROS ASUNTOS INTERNOS, es un proceso irreversible de socialización de los temas macroeconómicos en la mesa familiar, en la tertulia, en la charla con respeto por la opinión diversa y en general en las imágenes que se reciben por los medios de comunicación; es una transparente evolución social que cuestiona diariamente la relación ECONOMIA-COMUNIDAD.

 

Las demandas de inconstitucionalidad y muchas formas de libertad verdadera, de decisión-participación, han permitido plantear procesos de apropiación general de la problemática social, fundamentadas en el deseo de defender el interés general sobre el particular, en el propósito de crear bien común, en la convicción de proteger el patrimonio público, en la determinación íntegra de hacer respetar la colectividad, son nuevas actitudes y oportunidades que nos permite el Estado Social de Derecho, que legitima la Constitución Política hacia la justicia social y recuperación de la capacidad adquisitiva familiar.

 

Los impuestos son eso, imposiciones de una élite que no comprende las salidas y soluciones a unas circunstancias específicas. El Estado Alcabalero, fue rechazado desde 1781, por los comuneros, rehusado por la Independencia de España en 1810 y 1819 y contraindicado por los artesanos en el Gobierno del General Melo, en 1854, es una demostración que el pueblo soberano, sí ha eliminado los impuestos y sobrepasado los regímenes autoritarios y expoliantes.

 

 

 

 

Acudimos a la investigación sociojurídica, con la seguridad de poder desenmascarar el “Acuerdo”, especificando los argumentos de inconstitucionalidad, profundizando en las causas fundamentales del origen externo de la manipulación del poder económico. Insistimos con principios, conceptos y propuestas para desvirtuar la insensibilidad con que actúan las multifinancieras internacionales, porque para ellos, la guerra es un negocio; son parte de su círculo especulativo, la venta de armas, la venta de órganos, el tráfico de seres humanos, el tráfico de estupefacientes, la expropiación de las habitaciones, la especulación mercantil y financiera, el desplazamiento, el despojo y toda una gama de causas de descomposición social que reunidas conforman lo que se puede denominar deuda social. La guerra para las élites, es su herramienta para demostrar poder, es el instrumento acorde para humillar, subestimar, presionar y despojar, es su recurso violento para utilizar la cuando las comunidades no aceptan sus infames disposiciones.

 

El rechazo al “Acuerdo”, tiene trascendencia mundial, porque en Colombia, pretenden continuar y agudizar un conflicto en proceso de extinción; tratan con el “Acuerdo”, de demostrar fortaleza de un sistema financiero que falló, de un sistema que poco a poco fue mostrando su verdadero carácter expropiante hasta que la población reflexionó, lo impugnó y lo desmontó. La intención de algunos representantes del dogma subnormalizante y acumulativo, es prolongar indefinidamente el abuso del derecho y autoridad: ejercer el paralelismo legal y desconocer la jurisprudencia colombiana minimizando su vigencia, es su táctica. Explicamos detalladamente que esta es la forma sugerida para mantener la dependencia y hacer vulnerable nuestra economía. El “Acuerdo”, al pedir la aplicación de impuestos como el 3 por mil, a las transacciones bancarias, al respaldar y agenciar el terrorismo económico que produce la capitalización de intereses, representa toda una arremetida que desconoce jurisprudencia reciente y vigente, todo un quebrantamiento de nuestro orden jurídico que dogmática, sutil y descaradamente institucionaliza el saqueo macroeconómico.

 

El estudio de esta compleja circunstancia, de manera objetiva ha inducido o permitido el renacimiento de ideales y objetivos. LA ADMINISTRACIÓN DEL PENSAMIENTO, desarrollando autoestima, segundo a segundo, queramos o no queramos, seamos conscientes o inconscientes de ello, estamos estimulando la apropiación social de nuestra carta magna, estamos como pueblo soberano que somos comprendemos e implementamos el Estado Social de Derecho, organización en la cual prima el interés general, sobre la ambición acumulativa de unos pocos. Estamos generando el razonamiento que construye bien común, una apropiación social de la problemática diaria, cuestionando y creando las verdaderas alternativas a las imposiciones que se tratan de legitimar con el supuesto “Acuerdo”, haciendo respetar nuestros derechos fundamentales, mediante la permanente reflexión colectiva sobre todos los acontecimientos.

 

El “Acuerdo”, embestida cruel contra nuestra autodeterminación, fue organizada desde el Superestado de las Multinacionales, principalmente obedece a la estrategia acumulativa violatoria del artículo 63 de la Constitución, privatizar bienes de uso público para apropiarse del patrimonio público; están justificando y aplicando determinaciones inconstitucionales porque son bienes de uso público inalienables, imprescriptibles e inembargables, medidas inconvenientes y en la coyuntura son inoportunas e inhumanas, porque responden a macabras orientaciones del que hemos denominado Superestado de las Multinacionales; justifica la expropiación de las mejoras que durante años ha realizado la familia campesina, y hasta justifica la masacre paramilitar. El complejo análisis que provoca el “Acuerdo”, ha desarrollado y coordinado nuevas relaciones sociales, la permanente reflexión colectiva que motiva la apropiación social de la cotidianidad, conduce a la creación de nuevos escenarios de concertación, a la búsqueda de nuevas alternativas y en general a la concreción de creativas formas de construcción de comunidad. En clara relación con la Comunidad a través del prospecto colaborativo el Estado Social de Derecho, hace primar el interés general.

 

Las reformas estructurales vía “Acuerdo”, son inconstitucionales porque ignoran el artículo 150 numeral 2 de la Constitución Política, y se introdujeron para mantener la dependencia con el crecimiento permanente de la deuda; los dos documentos que lo contienen, por lo tanto son nulos de pleno derecho, porque lo violaron nuestra legislación; estas reformas estructurales, no se pueden presentar así al legislativo y por esta sencilla razón, no se han presentado íntegramente al Congreso de la República, entonces, para simular legitimidad, superioridad y prepotencia del F.M.I., se están aprobando separadamente algunas medidas, pero, estas no legitiman el “Acuerdo” en sí, como la reforma tributaria, el procedimiento abusa del derecho, porque se suplantó al Congreso de la República, se pretendió crear leyes con el Fondo Monetario Internacional, pero nuestra legislación, jurisprudencia y Constitución Política no lo permiten.

 

En el caso de la determinación de recorte progresivo al gasto público, es asfixiante, es una errada medida, entonces es sofista; hemos encontrado que es una fórmula indolente e inhumana, es una recomendación mediocre y dogmática para disminuir la capacidad del Estado Social de Derecho en Colombia y del Estado en otras naciones; limita la capacidad de las entidades territoriales, es toda una arremetida de reformas estructurales que asfixian al Ejecutivo en la localidad y se aplica para impedir que el Estado Social de Derecho, asuma su función social; el recorte del gasto público para la coyuntura es inoportuno para atenuar el conflicto, porque agudiza e induce a la guerra, a la injusticia social y violencia institucionalizada; para la coyuntura económica, la disminución del gasto, aumenta las condiciones para la guerra e implementa el terrorismo económico, debilitando sistemáticamente al Estado Social de Derecho, pero, con todo y recorte asfixiante al gasto público, lo que facilita es la prolongación de la dependencia económica que prolonga y crece infame e insensiblemente el endeudamiento; desintegradora y violatoria del orden justo, del orden jurídico, elude la función social del estado, la deuda externa.

 

A pesar de pagar mucho más en el decenio de los 90, que en el anterior, y tras cumplir condiciones, la deuda se ha multiplicado. Esta es una de las principales razones, para que se hiciera el “Acuerdo Extendido entre Colombia y el F.M.I.”, fue la forma para avalar desde afuera y desde arriba, la inconstitucional capitalización de intereses, declarada inexequible en las Sentencias c-700/99 y c-747/99.

 

La capitalización de intereses deslegitimada ya en Colombia, es la forma para institucionalizar el megasaqueo. Recordemos que en el “Acuerdo” en el Memorando numeral 4 del artículo 12, se afirma: Cualquier capitalización de intereses de nuevas emisiones de bonos del Gobierno se incluirá como gasto para el propósito de medir el déficit del SP (Sector Público). Las consecuencias del desespero acumulativo, hacen que el F.M.I., avale  el desconocimiento de la Jurisprudencia reciente; están quedando en evidencia, las bases de la acumulación porque son artificiales e inhumanas las formas de generación de riqueza, porque tienden a originar una sobreproducción para un mercado cada vez más reducido en función de la capacidad real de compra de la población. La paradoja de una especulación e intervención capaz de integrar solo a una parte de los productores, de los consumidores y de las regiones del mundo constituye uno de los puntos más conflictivos del escenario mundial.

 

Desde 1979 Latinoamérica debía 191,000 millones, y en 1990 480,000 a pesar de haber pagado en esa década 350,000. Peor es lo ocurrido entre 1990 y 1999, periodo en el que la deuda ha pasado de 419,000 a 750,000 después de haberse pagado 815,000 millones. En consecuencia, América Latina estaría condenada a pagar en los próximos 20 años más del 4% de su producto Bruto Interno, si las proyecciones más optimistas afirman que en ese periodo su economía puede crecer 4% anual, resulta que el continente entregaría todo su esfuerzo al pago de una deuda que a pesar de ello aumentaría irremediablemente, si la Constitución Política no la hace respetar, prevaleciendo el interés general por encima del interés particular. La declaración de inexequibilidad del “Acuerdo”, rompe la cadena de absurdos, planteando unas formas de intercambio justo.

Las crisis financieras que se hacen cada vez más recurrentes, hacen la separación entre la inversión productiva y las formas de financiamiento. La terminación del F.M.I., es un clamor mundial. Una crisis financiera produce mucha más pobreza que un huracán, afirmó el experto catalán Joan Pratz, en un conversatorio con periodistas sobre el Índice de Desarrollo Humano. El disertante español alertó sobre la excesiva atención prestada aún a los efectos del huracán de octubre de 1998, y sostuvo que ningún tifón o huracán, ni tormenta en el sudeste asiático, ha generado mayores retrocesos que la crisis del sistema financiero ocurrido en ese sector y que puso a temblar la economía mundial.

 

“Los países asiáticos eran más pobres que los latinoamericanos, pero se hicieron desarrollados porque construyeron fundamentalmente la seguridad de las personas y su libertad y combatieron la arbitrariedad en el ejercicio del poder y la confusión entre el sector económico y político''.

 

Así, ejemplificó que en países como Alemania es inconcebible ver al presidente del Banco Central departiendo con un banquero privado, porque se supone que hay contubernio contra la democracia económica.

 

Pratz resaltó “en 1950 el potencial humano de países como Chile, Argentina y Uruguay era superior al de todos los países del sur de Europa, sin embargo, no se desarrollaron y cayeron en regímenes autoritaristas, caudillistas y populistas; no hubo ley y orden, hubo clientelismo en el servicio civil y se llenaban de burócratas las instituciones del Estado.”, “ El principio del Estado moderno, está en la separación entre la esfera económica y política, equivale a trabajar juntos pero no revueltos para incrementar la competitividad y riqueza del país”. En el sudeste asiático los gobiernos lo hicieron porque mantuvieron una autonomía política y nunca fueron el patrimonio de los poderosos y aunque convivieron con la corrupción, mantuvieron la separación que garantizó que el servicio civil y las leyes fueran claras y transparentes aplicadas al servicio de la población.

Pratz sostiene “que una buena definición de derechos de propiedad es donde los pobres saben lo que es suyo y eso estaba protegido, tiene seguridad y eso va acompañado de políticas y oportunidades de educación.”

En el caso de los países industrializados, “todo el dinero público se invirtió en la educación primaria y profesional para hacer empresas productivas y se construyó una ciudadanía universalizada por la igualdad de la ley, como por sistema de protección de derechos de propiedad y de incentivos al ahorro, basados en una banca sometida a autoridades reguladoras y supervisoras del sistema bancario, que no están subordinadas a los banqueros privados y aplicaban la ley en cada deficiencia encontrada.” En Colombia sucede lo contrario. “En América Latina no hubo capacidad de emprender, ni vitalidad en la sociedad civil y no se avanzó en igualdad, y eso se produjo en frustración en estos países extraordinariamente ricos, que ahora pasan por momentos difíciles'', indicó el experto catalán. El asesor del PNUD argumentó que los países del sudeste asiático o del sur de Europa se industrializaron porque tomaron decisiones diferentes al modelo de sustitución de importaciones de América Latina, que produjo crecimiento sin equidad y no resolvió el problema de desigualdad y sí el de gobiernos arbitrarios.

 

PRIVATEPero lo cierto es como ahora se comprueba, que el principal objetivo de tal retórica sobre el pago de la deuda, porque en ningún país el Estado se ha reducido verdaderamente. En todos cobra más impuestos que antes. Su participación fiscal ha aumentado casi en un 50%. Y esos recursos se han dedicado al pago de la deuda aumentando la recesión. Pero durante nueve años, muchos sectores "ilustrados" de las clases medias han ignorado esa realidad. Tal vez por efecto de la publicidad que convirtió en infalible el modelo. En esta década todas opiniones del Fondo Monetario o las medidas aplicadas en los Estados Unidos eran necesariamente ciertas en nuestros países. Esa fuerte ilusión mantuvo a los pueblos esperando "la luz al final del túnel" mientras, como “en México, se acumulaban escandalosamente la deuda, el déficit comercial y disminuían los salarios y el empleo. Además mil seiscientas empresas públicas de grande y mediana dimensión fueron vendidas, pero casi el integro de esos recursos se usó en el pago de la deuda. La ola privatizadora creó millones de nuevos desempleados en el continente, y así mientras el Estado recaudador crecía también creció un desempleo mayor que el de los años de la depresión de 1930. Si el pago de la deuda es ya un tributo inmenso e injusto, ocurre que para tener el "derecho" de pagarlo, se cumplen dolosas y dolorosas condiciones. Aceptar un acuerdo de refinanciación o suscribir un contrato Brady, supone además comprometerse a la casi total apertura de las importaciones, al desmontaje de los derechos y la seguridad social de los trabajadores, a la venta de todas las empresas para tener recursos con los que pagar, a cerrar el déficit cuyo primer componente es el pago excesivo, cobrando más impuestos.”

Veamos algunos casos comparando la cifra de deuda global de los países en 1990 con el monto al que habían llegado en 1997, según los datos de la Unidad de Estadística y Análisis Cuantitativo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Comparación de la Deuda Global: 1990 y 1997

PRIVATE

Deuda 1990

Pagos 90-97

Deuda 1997

Argentina

54,671

69,403

123,221

Brasil

111,085

130,159

191,084

México

104,430

201,448

149,699

Perú

16,330

13,612

30,136

Venezuela

33,170

34,821

35,264

Colombia

17,193

31,433

31,440

PRIVATESegún la misma fuente, en 1990 América Latina tenia una deuda global de 419,280. En los siete años siguientes pagó 560,276 millones, pero ya en 1997 debía 663,990 millones. La cifra a 1999 fue de 750,000 millones de deuda global. Los países deben mucho más, y sufren mayor injusticia social, con graves desequilibrios comerciales por el aperturismo para importar, y sin ningún activo que vender para seguir en la absurda carrera de satisfacer a los acreedores.
 
En esta coyuntura, el clamor mundial en contra del modelo acumulativo, el ejercer presión sobre el FMI, para eliminarlo, y dar paso a los fondos de producción local, verdaderos instrumentos de intercambio justo y apoyo a la sana cultura de la producción. El pueblo soberano está deslegitimando la intervención indebida en nuestros asuntos internos.

 

La declaración de inexequibilidad del “Acuerdo”, es un paso trascendental, para deslegitimar la intromisión en asuntos internos de las naciones por parte del Superestado de las Multinacionales, en particular del F.M.I., y para lograr la eliminación de la institución guardián de la deuda externa. Se necesitan, sanas alternativas, unas entidades de colaboración local e integración mundial.

 

Qué tipo o tipos de instituciones deberían reemplazar al FMI , si es que alguna debería hacerlo. Walter Bello, sostiene “que los países en vías de desarrollo estarían en mejores condiciones sin instituciones financieras como el actual F.M.I., porque esto permitiría a los gobiernos nacionales y locales y a los grupos de ciudadanos mayor autonomía para implementar estrategias alternativas de desarrollo.” Esta propuesta supone que el FMI no seguiría jugando su papel como prestamista internacional de último recurso, porque en el caso del “Acuerdo”, ni siquiera es prestamista, pero ejerce en Colombia, una supraautoridad y tutoría basada en falacias e inconveniencias nacionales.

 

Con los FONDOS DE PRODUCCIÓN LOCAL, en una era de intercomunicación satelital, de comunicación a través de las redes globales de trueque, tenemos instituciones de economía solidaria e intercambio justo, que ayudan a suprimir la volatilidad y eliminar el contagio con el fracasado modelo neoconservador; lo local permite la descentralización que no pueden lograrse a través de las financieras multilaterales internacionales.

 

Algunos expertos han propuesto, como alternativa ante el fracaso del F.M.I., la creación de una nueva Autoridad Financiera Global o Banco Central Global, han discutido un mecanismo internacional para las quiebras económicas. Las propuestas más detalladas para semejante autoridad provienen de los economistas John Eatwell y Lance Taylor. Ellos proponen una institución que:

“establecería estándares regulatorios globales (tales como los requisitos para las firmas financieras) que deberían seguir las autoridades nacionales; consultarían a los países con respecto a sus propios regímenes de mercado, y desarrollarían medios innovadores para los flujos directos de capital hacia las necesidades de largo plazo.”
 
Otros han enfatizado que cualquier plan para una nueva institución financiera global necesitaría comenzar con el establecimiento de procedimientos sólidos de transparencia y democracia. La declaración de inexequibilidad del “Acuerdo”, es un paso trascendental, para deslegitimar la intromisión del Superestado de las Multinacionales, en particular del F.M.I., para la anulación de la deuda externa, en una situación libre de las condiciones impuestas por el FMI y del Banco Mundial, es la aspiración mundial.

 

Actualmente, los pagos de la deuda paralizan la habilidad de muchos países en vías de desarrollo para invertir en el desarrollo. Por la presión de Jubileo 2000 y de otros grupos, hay en la actualidad un gran impulso alrededor del mundo con respecto a la anulación de la deuda. Varios gobiernos europeos han cancelado unilateralmente deudas bilaterales que debían las naciones pobres. Los países más ricos del G-7 también anunciaron en junio de 1999, en Colonia, Alemania una iniciativa para cancelar las deudas de las 33 naciones más empobrecidas.

 

Específicamente, los países acordaron cancelar US $ 20.000 millones en deudas que se debían a los gobiernos nacionales y agregar un adicional de US $ 27.000 millones a una iniciativa conjunta de deuda del Banco Mundial / FMI conocida como HIPC, en inglés que significa: Países Pobres Altamente Endeudados.

 

La crisis de la deuda debe incluir una expansión de los recursos disponibles y de los países elegibles para la cancelación de la deuda, sin estar condicionada a programas de reformas estructurales del dogma del FMI y del Banco Mundial, así se permite a los países dedicar suficientes recursos al intercambio justo, a la vivienda y vida dignas, a la salud, la educación, los servicios sociales y la protección del medio ambiente.

 

Las herramientas que le dio la Constitución al pueblo soberano como sujeto del Estado Social de Derecho, permiten la construcción de una nueva y sana institucionalidad, promueven la defensa del orden jurídico justo, comprometen hacia la protección del patrimonio público, inducen hacia la defensa de los derechos y garantías fundamentales en esencia, estamos construyendo una verdadera reforma financiera desde hace una década basada en la constitución.

 

Las implicaciones sociales del proceso de apropiación social, viabilizan la demanda del “Acuerdo”, por la inducción y promoción del infame terrorismo económico, mundialmente rechazado, por sus funestas consecuencias. De esta forma se extrema la dependencia externa y la vulnerabilidad económica de la nación, se explica cómo no se vislumbraron las implicaciones sociales del proceso acelerado de sustitución de la producción y el trabajo nacionales, de utilización de tipo de cambio. Aunque se rechazó el préstamo, el “Acuerdo”, ataca la legitimidad, la vida y la paz, es agresivo en esencia, al prolongar la violencia institucionalizada que en sí mismo es, está impidiendo la paz. Este quedó intacto, aunque no se recibirá dinero alguno, “acreedores y deudores”, fueron dejando el “acuerdo” que quedó inmune e impune. La avalancha que intentan con las privatizaciones de bienes de uso público, es inmoral y su procedimiento está prohibido en la Constitución Colombiana.

 

Lo más grave del “Acuerdo”, es la promoción del Plan Colombia, como una estrategia de fuerza, como amenaza de guerra para apropiarse del piedemonte llanero por parte de las petroleras, impulsada por las financieras multilaterales internacionales, para obtener la acumulación de terrenos, recursos, servicios de primera necesidad.

 

El Derecho Internacional, no aprueba la violación de la soberanía nacional ni de la autodeterminación, ni la intervención en los asuntos internos, mucho menos la implementación de una guerra, como la que quería generalizar con el Plan Colombia. Esta pretensión guerra, fracasa desde la pérdida de elecciones de Al Gore, al no ser Presidente, el Plan Colombia, pierde un poderoso y descarado socio, que tiene monstruosos intereses en el piedemonte llanero, petrolero en gran porcentaje. Se vicia la disposición llamada “Acuerdo”, porque promueve e institucionaliza el saqueo macroeconómico, el desplazamiento forzado, la deuda que se volvió impagable, pero en el exterior son conscientes de su prescriptibilidad, entonces escogieron la apropiación de bienes de uso público, para implementar la acumulación. Empresas externas con el sofisma de inversión extranjera, se están apropiando de infraestructura y recursos que en esencia son inalienables.

El depósito de reservas, en entidades financieras internacionales, no es un requisito de Derecho Internacional, ni una exigencia válida para nuestra autogeneración de recursos. Al contrario, es una falacia, que trata de anular esa facultad autogeneradora; la imposición de reservas internacionales, es una maniobra que establece dependencia, es una equivocación encaminada a maniatar la gestión autónoma. La reflexión que se hace para comprender qué factores inducen a la iliquidez, nos ratifica que la posibilidad de producir dinero el Banco de la República, no tiene más límite que la elaboración de los presupuestos y su proyección de crecimiento.

 

La falta de formas de intercambio justo, originada por la forma como se emiten los pesos colombianos, cuestiona la obligación de tener reservas en dólares, circunstancia, que es originada por la falta de soberanía y autonomía en la producción de circulante. El Emisor por esta razón, se le denomina así, porque puede y debe emitir medios de pago para que el Estado Social de Derecho, responda plenamente por su compromiso integral y satisfaga prioritariamente las necesidades de la comunidad, generando formas de intercambio justo. El Ingeniero Mecánico, Alfredo Vargas Hincapié, sostiene:

“DE LA EMISIÓN COROLARIO

. Un estado soberano, autónomo e independiente SIEMPRE puede tener recursos monetarios para llevar a cabo su política económica sin que se produzca el fenómeno de la inflación.

. Colombia no es autónoma en el ejercicio de la soberanía monetaria.”

DEL CREDITO COROLARIO

. El crédito monetario puede ser autónomo y no debe estar sujeto a contrapartidas en moneda externa.

. Si la cantidad de crédito estatal no influye en el cálculo de la inflación se puede multiplicar el crédito monetario a bajas tasas de interés y largo plazo.”

 

El Banco de la República, está utilizando innecesariamente, el hecho de tener depósitos en moneda extranjera, para hacer dinero, es una imposición del F.M.I., es una premisa errónea, base del sofisma de tener Reservas para poder sustentar las emisiones, esta es una interpretación que está subestimando la autonomía que le dio la Constitución Política. La irrigación de nuestras economías, en función de las necesidades fundamentales es la función constitucional, que la Carta Magna, le exige al Banco Emisor, pero este al no controlar a los bancos permitiendo la negociación de dólares, las altas tasas de interés, la posición propia de dólares y muchas otras actividades infuncionales, el Banco de la República, se niega a desarrollar las dignas e irrenunciables labores, asfixiando la economía por no entender ni querer soberanía nacional.

 

Las reservas internacionales, deben ser el excedente de una Planeación Soberana de toda la economía, puede utilizarse en primer lugar, para anular la deuda, en segundo lugar, para compra de objetos u otras cosas que no tenemos. Las reservas no deben utilizarse para bloquear nuestra economía ni eludir el orden jurídico justo que pide la Carta Magna, si sirven para comprar lo que requiera Colombia, cuando lo necesitemos, cuando nos falte lo prioritario.

No podemos aceptar la receta del F.M.I., que exige tener reservas internacionales, para tener la suficiente cantidad de medios de pago, esta es una imposición, que exhorta al irrespeto total de la soberanía nacional, y no afrontar la situación.

 

La teoría acumulativa necesita de una presión desestabilizadora, coexistente con el modelo e intervención en las economías nacionales de los países controlados por el F.M.I.; en el rechazo al “Acuerdo”, sus argumentos y propósitos quedan desvirtuados por inconstitucionales e inconsecuentes con la necesidad social.

Sutil y violentamente el “Acuerdo”, induce a la demostración de poder, debilitando al Estado Social de Derecho; no podemos permitir ni aceptar la apariencia de legitimidad generada por el F.M.I. para perpetuar la dependencia, implementar el terrorismo económico y el ataque consuetidario contra la vida y la paz.

 

El recorte del gasto público, es el terrorismo económico en acción, es atizar la confrontación armada, es una agresión generadora de descomposición social, que corresponde a una errada conducción política, económica y cultural, cuya forma para tratar de resolver las “crisis”, es total apariencia. Reducir el gasto público, en momentos de conflicto, de masacres diarias, de solicitud de conmoción interior, por parte de la Defensoría del Pueblo, es institucionalizar el bloqueo e incapacitación del estado Social de Derecho; con anteriormente sustentamos que se pretende esquivar el compromiso estatal con los pensionados de estos países, pero los pensionados de los E.E.U.U., si tienen asegurada su pensión por medio de las reservas de estos países. En realidad, se está implementando la injusticia social, para mantener una mano de obra barata, para expropiar cuando quiera e intervenir como quiera la élite.

 

Para la manipulación del poder económico, la inflación es fundamental; la necesitan para promover la especulación cambiaria, mercantil y financiera, promovió el establecimiento de las elevadas tasas de interés que nos condujeron a la más profunda expropiación hipotecaria y expoliación económica, pero en el año 2000, se produjo un promedio favorable de los precios de los alimentos, por la falta de circulante que autoreguló la intermediación, porque todo se debió al aumento sustancial de la oferta en virtud de la lenta reactivación del campo, se dio una compensación por parte de la naturaleza, el factor climático y la misma baja demanda fueron factores determinantes. Queda demostrado que la existencia de medios de pago dinero en abundancia es positiva, pero sin intermediación especulativa, así no se puede justificar la inflación.

 

Se une a la solicitud de inconstitucionalidad del recorte del gasto público, la ilegalidad de  la meta de inflación, la presento como una parte muy importante de la petición general de inexequibilidad del “Acuerdo”. Recorte, más alza de precios de la canasta familiar, más impuestos, son la demostración que les quedó grande la comprensión del momento histórico, por eso tienen que acudir violando el orden jurídico al que autoriza la fórmula a través de un “Acuerdo”, por ejemplo en Enero del 2001, parece que ahora sí con la firma del representante legal del F.M.I., pretenden aumentar en 5 años la edad de jubilación, vía este u otro “Acuerdo”,: QUE FALTA DE SENSIBILIDAD.

 

La inflación es aumento constante del costo de la vida, entonces, es antagónica a la función fundamental del Banco de la República, la cual és, velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Es inconstitucional que el Banco Emisor, establezca meta de inflación mayor a cero, porque no existe razón científica para disminuir sistemáticamente la capacidad adquisitiva de la familia; la inflación, es un truculento promedio, simplemente un índice, que no es más que un cociente para prolongar la deuda externa, manipulado por el sistema financiero, mal llamado sector real, en el acuerdo con el F.M.I.

La equivocación de los bancos y entidades emisores, además, es matemática, porque no coinciden las sumas del presupuesto y del crecimiento para el año siguiente, se puede emitir sin generar inflación. La pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda, es una ilógica imposición basada en la premisa falsa, de creer que es correcta el alza permanente de los precios de los artículos de consumo diario, es una premisa falsa. Se puede emitir sin generar inflación e inclusive se debe emitir para aumentar la capacidad de compra de nuestros congéneres, entonces inflación e I.P.C., es aquello que sin razón lógica hace que un vaso de agua cueste diariamente más que en la jornada anterior, que sin explicación científica alguna, es objeto de equivocaciones matemáticas. Una vez que hemos definido el origen de la inflación, hagámonos la siguiente pregunta, ¿Qué causa la inflación o I.P.C.? Principalmente, es producto de una manipulación, que sin razones lógicas, institucionaliza la disminución del poder de compra, la inflación es una variable equivalente al I.P.C., Índice de Precios al Consumidor, que es la pérdida del valor del dinero, impuesta desde el Superestado, que se pretende legitimar extraconstitucionalmente con el “Acuerdo”, que está expresada en un alza sistemática, continua y sostenida de los precios. Es una variable implantada, es un sofisma basado en la premisa falsa de aceptar que todo tiene mayor valor al día siguiente. La realidad demuestra que la inflación, es una resultante de la errónea concepción del especulador mercantil y financiero para obtener sobreganancias y privilegios que les permiten aumentar abusivamente los precios e intereses.

Es obvio que el Banco de la República, es el responsable de regular la cantidad de dinero en la economía, debe ser también el culpable absoluto, no sólo de la inflación, sino además de todos los demás males que suelen acompañar al aumento sostenido de los precios: devaluación, aumento de la brecha entre ricos y pobres (deterioro de la distribución del ingreso), tasas de interés por encima del interés legal, institucionalización de la usura, menores tasas de crecimiento económico, mayores tasas de desempleo.

La disminución del poder de compra, es la variable inflación, la pérdida del valor del dinero que se expresa en un alza sistemática, continua y sostenida de los precios que tratan de legitimar con el “Acuerdo”, intervención organizada desde el Superestado de las Multinacionales. Según algunos dogmáticos, la causa de la inflación es muy sencilla y es única: una cantidad excesiva de dinero circulando en la economía. Esto no es correcto, para los avaros sí, pero Milton Friedman, repite esta equivocación, premio Nobel en economía en 1976, afirmando que "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario", al economista se le olvida que existen alternativas, sistemas socioeconómicos en los cuales no ha existido la moneda y no ha existido la inflación, porque como variable manipulable que es, o no la necesitan o ya comprendieron su fatal y violenta imposición, predispuesta al megasaqueo.

La Política y soberanía monetaria, deben tener en cuenta la economía del hogar o doméstica, nacional e internacional, contemplando la posibilidad de acabar el imperio del dinero, eliminando la inflación. La mejor manera para evitar la sobreregulación centralizada en detrimento de la comunidad, la descentralización que es un proceso mundial irreversible, comienza a idear una estructura interoperacional, estructurada especialmente para defender e implementar los derechos de los usuarios, sin volatilidad financiera, sin inflación o pérdida de poder adquisitivo de la moneda, haciendo cumplir las constantes legales y matemáticas, se puede desarrollar día a día, el Estado Social de Derecho. El desarrollo de la tecnología necesaria, para asegurar el intercambio justo y la seguridad a ultranza en los sistemas de pago electrónicos, permitirá que el dinero electrónico pueda tener los atributos del papel moneda con costo justo y proporcional que implique la recuperación de la capacidad adquisitiva de la familia, que signifique armonía y convivencia.

En el presente y en el futuro, la moneda se reemplaza con el trueque, también  desaparece sí al utilizar dinero digital emitido sin intereses especulativos, por firmas privadas en vez del papel moneda emitido por bancos centrales. El dinero digital está ofreciendo la posibilidad de descentralizar la oferta de la moneda; permite pagar intereses en pequeños depósitos y hacer más accesible la banca externa para los individuos. En la era de la información y del conocimiento, la base del dinero es el cuarzo a diferencia del oro, o un chip de computadora en vez del metal precioso.

Los bancos centrales están pronosticando el fallecimiento del papel moneda, pensando en la vertiginosa evolución tecnológica para agilizar el intercambio justo sin la violenta imposición, y sin predisposición al megasaqueo; cuando el dinero digital reemplace el papel moneda basado en metales preciosos, los medios de intercambio local, los créditos justos y débitos electrónicos serán los medios de pago dominantes, creando el potencial para que el dinero descentralizado pueda colaborar con las monedas descentralizadas emitidas por las entidades territoriales y la moneda central emitida por el gobierno nacional.

La arquitectura autogeneradora de recursos, el planeamiento de asentamientos humanos, redes de intercambio justo en línea y los sitios de Internet, comienzan a ofrecer servicios de intercambio local, nacional y hasta en el extranjero, con cero o muy pequeñas cuotas por transferencia de fondos; un éxodo de negocios bancarios minoristas comenzarán a desplazarse del sector interno regulado a un sector externo libre de impuestos y colaborador.

Mientras que el intercambio justo en línea se siga expandiendo, existirá una demanda para asegurar los pagos a través de los medios electrónicos de comunicación, y, en tanto los nuevos medios y las formas más humanas de comunicación evolucionen, habrá un fortalecimiento permanente del mercado local, incluyendo fundamentalmente las redes locales y globales de trueque y su conexión en el ciberespacio, la dirección del cambio dependerá crucialmente del ritmo de intercambio justo determinado por la construcción de comunidad, ya no únicamente por las fuerzas del mercado, ni por planificadores del gobierno. Para desarrollar nuevas formas de pago, la comunidad necesitará flexibilidad para experimentar, dialogar y crear formas de intercambio justo, sin tener gran interferencia por parte del gobierno.

Los grupos de presión que se beneficien de un sistema monetario de papel fiduciario pretenden sostener la tiranía local. El reto consiste en consolidar una infraestructura institucional que proporcione reglas transparentes para los sistemas de intercambio justo, que proteja fundamentalmente la capacidad adquisitiva de la familia, que estabilice el valor del dinero y la libertad individual. Existe una mejor manera de intercambio de conocimientos, objetos y valores, generadora de verdadera libertad como resultado de la revolución de la colaboración, sin abuso de la autoridad.

La anulación de la inflación es la histórica decisión política acorde con la Carta Magna. Simples alivios son la baja de la inflación y la “recuperación” con alta tasa de desocupación, no son signos evidentes de reactivación económica.  Las cifras hablan de un menor crecimiento de los precios de los alimentos, este fue atenuado por el aumento desmedido en algunos sectores claves de la canasta familiar como los  combustibles, los servicios públicos y los medicamentos. Lo incompatible es que la mayoría de estos precios son controlados o fijados por el propio  Gobierno, quien  a la vez lleva la responsabilidad en  el manejo del costo de vida.

 

El Gobierno, es juez y parte, mediante organismos en los cuales se incrustan personajes que no conocen la magnitud de nuestros recursos, ni la verdadera economía solidaria con más de 55.660 empresas concurrentes, este sí es un sector real, vivo, dinámico que no existe para el F.M.I., ni es tenido en cuenta para el cálculo de la T.R.M., porque no es traficante de dólares como los bancos ni le interesa la devaluación; el sector solidario no es tenido en cuenta para el cálculo de la inflación porque mantiene una estabilidad socioeconómica generadora de convivencia; la economía solidaria tiene que ser tenida en cuenta para el cáculo de los intereses más bajos del mercado porque allí, en muchos casos a través del trueque no existen réditos y no existe la especulación ni mercantil mucho menos la financiera.

 

El “Acuerdo”, se inventa un sector real indolente, privilegiado por que utiliza supraconstitucionalmente, la inexequible capitalización de intereses, en abierto desafío contra el orden jurídico, para ser agiotista porque únicamente está interesado en subir el límite de la usura, un sector que sólo le interesa la acumulación en menoscabo de la justicia social.

El intercambio con internet y el sistema monetario electrónico que se están difundiendo, demanda más información, regulación y más libertad. Las personas que llegan a un cargo sin un compromiso y respaldo del pueblo soberano, se limitan a hacer lo que se hace en otros países, esencialmente son individuos manipulables y apátridas. Las alzas en el transporte urbano no alcanzarán a compensarse con el subsidio que se les reconoce a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos ya que para el año 2000 y 2001, su incremento apenas es del 10%. Los combustibles registraron un aumento del 34.9% siendo el caso más sonado el alza en la gasolina motor.  Este incremento, más tres veces por encima de la inflación promedio, tuvo un impacto negativo en  el transporte y en los pasajes terrestres y aéreos; las tarifas de bus urbano y buseta registraron aumentos del 26.6 y del 31.9 % respectivamente mientras que los pasajes aéreos subieron 39.3 %.

 

Otros rubros también tuvieron un fuerte impacto en el bolsillo de los colombianos.  Es el caso del servicio telefónico que subió 29%, el de acueducto y alcantarillado con 21.3%, las medicinas que aumentaron 18.7% los servicios financieros con 18.3%. las pensiones con  15.8% y los artículos para aseo y el cuidado personal con 13.7%, durante 1999.

 

Lo más preocupante para las familias colombianas es que las empresas de servicios públicos implementaron alzas entre 18 y 20 % en el año 2000.

 

“. La meta de inflación”. Es inconstitucional porque institucionaliza el perjuicio de la canasta familiar, avalada desde el “Acuerdo”, es la disminución de la posibilidad de obtención de lo necesario para perdurar y pervivir decorosamente; la inflación hace más daño que todos los delincuentes del país juntos atacando la economía, impone el menoscabo de la oportunidad para vivir dignamente, establece planos de inferioridad para países en desarrollo.

La inflación es legitimación del deterioro diario de la armonía familiar.

 

“. La evaluación del estado general de la economía, de las tendencias y perspectivas de la inflación y de la situación de desempleo.

. El seguimiento al comportamiento de la cantidad de dinero respecto a valores de referencia previamente definidos para ser conducentes al logro de la meta de inflación.” Estas definiciones son violatorias de la Autodeterminación, son intervenciones en nuestros asuntos internos y están contenidas en el INFORME SOBRE INFLACION  septiembre de 2000  del BANCO DE LA REPUBLICA.

 

El Banco Emisor, al plantear metas de inflación o pérdida de poder adquisitivo del dinero, cae en la ilegal e inconstitucional meta mayor a cero inflación; sistemáticamente está en contra el aparte del art.373 de la C.N. “El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.” La anulación de la inflación, es la forma legal, política  y matemática, para sostener el poder de compra del peso colombiano y así constitucionalmente conservar la facultad de regulación.

 

El “Acuerdo”, avala informes basados en la intervención. Entonces, es inconstitucionalidad la evaluación del estado general de la economía, de las tendencias y perspectivas de la inflación y de la situación de desempleo, porque perspectivas de la inflación, equivale a perspectivas de la pérdida de poder adquisitivo del dinero, por lo tanto, están en contra del aparte “velará por mantenimiento de la capacidad adquisitiva del dinero ”. Es inconstitucional evaluar la economía de acuerdo a tendencias y perspectivas de inflación mayores a cero inflación, porque se hace una estimación sobre premisas falsas, o sea que “siempre se perderá poder de compra”, sofisma que perjudica a la familia desde la base, es una violencia institucionalizada por medio de un índice, terrorismo económico del más inadmisible. La única tendencia y perspectiva factible, acorde con la función del Banco Emisor, es la eliminación del detrimento de la posibilidad de progreso y obtención.

 

La consolidación de la vida digna, es el concepto que sirve para evaluar el verdadero rumbo de la economía, y no al contrario como ocurre con la inflación. El seguimiento al comportamiento de la cantidad de dinero respecto a valores de referencia previamente definidos para ser conducentes al logro de la meta de inflación, porque es igual a reducir las cantidad de dinero o de medios de pago de acuerdo a la pérdida de poder adquisitivo del dinero.

 

Es inconstitucional establecer la cantidad de dinero disponible, sobre meta de inflación mayor a cero, porque el seguimiento al comportamiento de la cantidad de dinero respecto a valores de referencia dependientes de la inflación es disminuir el presupuesto nacional, como está haciendo el gobierno, sin fundamento jurídico, sin objetividad, sin relación clara con la realidad; la presencia del Estado Social de Derecho en los más lejanos lugares patrios, exige mayor circulante y medios de pago, porque día a día progresamos en nuestra manera de pensar y evolucionamos nuestro ser. La reducción del gasto público obedeciendo a ordenes externas es inconstitucional, igualmente la reducción de las transferencias es inconstitucional, porque no están ligadas a la necesidad de un país tan diverso y complejo como Colombia.

 

La prioridad de la problemática colombiana, es la justicia social, en ningún momento se la ha consultado al pueblo soberano sobre la conveniencia o inconveniencia del recorte al gasto público, cuando existe decrecimiento económico y baja demanda, porque se han alcanzado niveles cercanos al –5%.

 

La apropiación comunitaria, proceso sembrado por la Constitución Política, que es la Carta Magna, guía transparente del Estado Social de Derecho, ha permitido afirmar que Colombia necesita, recursos monetarios suficientes, Planeamiento de Fronteras, Planeamiento de Asentamientos Humanos; Colombia necesita de la presencia descentralizada pero equilibrada del Estado Social de Derecho, también la apropiación social del manejo de la cosa pública, permite participar en el cuestionamiento de la macroeconomía y su relación con la microeconomía, para impedir definitivamente las causas de la pérdida de capacidad adquisitiva familiar y desigualdad social.

El fracaso del modelo expresado en cifras recientes: en diciembre/99, el costo de vida fue 0.53%, inferior al registrado en igual período del año 1998 de 0.91%; cuando el acumulado anual fue de 16.7% que casi duplica al actual, la caída, en fin, fue de 7.5 puntos, es suficiente para observar una tendencia decreciente, que no tiene nada que ver con la reducción del gasto público ordenada por el F.M.I, pero, los manipuladores del poder económico, devalúan y aumentan la deuda externa, recortan innecesaria e irracionalmente el gasto público, de $72 Billones en 1999 a $52 Billones en el año 2000.

 

Este caótico manejo, se debe al comportamiento sinverguenza, se atribuye también a la postración en alto grado, que es un sometimiento innecesario y violatorio de la Constitución Política; también, la anarquía se avala en grado secundario, aunque se excuse por la desaceleración de la actividad productiva. En efecto, el recorte del gasto público, es una imposición absurda y que es la falta de medios de pago a la que se le asocia la meta de inflación, para mantener ejércitos de desocupados para tener mano de obra de bajo precio, razón ésta que además, suele ser del agrado de los círculos apátridas.

 

¿ Porqué las empresas en Colombia, en el año 2000, no subieron los precios de sus productos? No lo hicieron porque la especulación cada día es más ilegal e ilegítima, también porque no existe el circulante suficiente, reduciéndose la compra. Esta circunstancia, fue factor principal del decrecimiento y reducción de la inflación, pero el Banco de la República, encargado de eliminar la inflación, no actúa constitucional y objetivamente, no toma esta trascendental determinación además su política monetaria, es causante de la gran desigualdad social, al preferir a las élites y despreciar al pueblo soberano.

 

La disminución de la inflación, hacia su anulación total, puede considerarse como una tendencia irreversible, es un triunfo del pueblo soberano, pero, debido a la caída del 5.0%, en el crecimiento económico en 1999, las familias  sintieron un mayor deterioro en sus ingresos debido a que les redujeron los salarios, porque tuvieron un fuerte impacto en la canasta, pero también los precios bajaron como consecuencia de la iliquidez  económica. El bolsillo de los colombianos se apretó, las medicinas aumentaron 18.7%, los servicios especulativos financieros 18.3%, las pensiones 15.8%, el servicio telefónico subió 29%, el de acueducto y alcantarillado 21.3%,  artículos para aseo y el cuidado personal 13.7%; durante este año 1999, las empresas de servicios públicos, indujeron alzas entre 18 y 20 % haciendo caso omiso de la meta de inflación del 10 %, que redujo al 9.23% en el año 2000.

 

Teniendo en cuenta la desinstitucionalización del abuso del derecho, el desmonte de la especulación financiera y la apropiación social de la economía, apoyados en la Constitución Política consecuente y obligatoriamente se produce la anulación del I.P.C., como inflación, también la Carta Magna, y obliga la inexequibilidad de la pérdida de poder adquisitivo y del “Acuerdo”; lo importante es una tendencia hacia la nulidad de la inflación que mundialmente desenmascara la negativa influencia del Superestado de las Multinacionales.

El resultado anhelado, es que se bajen las tasas de interés y se anule la inflación, porque los países que logran la inercia inflacionaria, recuperando las constantes matemáticas legales, pueden crecer rápido, evitan los impuestos y fundamentalmente mantienen en pleno auge la producción. Al caer la economía en el -5.0%, la inflación debió ser menor de cero, pero, quienes no aceptan la realidad, se limitan a disfrazar sus fracasos y a cumplir mandatos supraconstitucionales e intervencionistas del F.M.I., lo más importante es que Colombia logró una reducción de la inflación hacia la anulación y pudo romper la tendencia inflacionaria que traía en los años anteriores a 1991, gracias a la nueva Carta Magna y al Estado Social de Derecho, hoy se puede y se permite desinstitucionalizar el abuso de la autoridad y del derecho, conllevando a una autodeterminación en evolución permanente y consolidando la descentralización como proceso irreversible.

 

Debido a la veloz evolución de la ciencia y la tecnología, se impone a escala internacional, una crítica al modelo neoconservador de la gran propiedad privada, hábil, cínica y violentamente manejado por variables como la inflación, circunstancias y argumentos que la llevan cada vez más cercana a cero, y que por su subnormalizante incidencia en el diario vivir, es preciso eliminarla por medio de reclamos legítimos, por medio de constantes matemáticas, para evitar la negativa influencia de la volatilidad financiera en el contexto económico local, municipal, regional, nacional e internacional; el Banco de la República, está lejos de proponer como meta llegar al 0%, o sea Velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda; cuando Chile en 1999 logra el 2.3% y Argentina el –1.8%. Han ocurrido una serie de extraordinarios acontecimientos en los mercados financieros mundiales que, si se analizan cada uno de ellos por separado, no parecen tener mayor significado, pero si aspiramos a recuperar la capacidad adquisitiva de la moneda y fundamentalmente amparar nuestra familia, debemos evitar las posiciones dogmáticas que impiden la toma de decisiones trascendentales, sustentando las razones alternas, rigurosa y objetivamente por medio de la investigación sociojurídica.

 

El “Acuerdo”, es inexequible y no resiste el cuestionamiento constitucional, porque se hizo precisamente para saltar la Constitución, para eludirla, para disminuir el impacto de la caída de la UPAC, matriz matemática de la usura y de la inconstitucional capitalización de intereses o anatocismo. La intervención en nuestros asuntos internos, en nuestro orden jurídico, cómplice y afanosamente acude a avalar determinaciones supraconstitucionales; para evitar el desconocimiento de la legislación preexistente e impedir la violación del debido proceso, en los casos de los procesos ejecutivos hipotecarios, originados créditos que por causas legales perdieron toda vigencia, se deben invalidar esos contratos leoninos, según el artículo 1602 del código civil colombiano. Debido a que existen causas legales como la inconstitucionalidad de la UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE, se deben invalidar las hipotecas sin límite de cuantía, el “Acuerdo”, busca evitar que el peso de la ley sea aplicado a esas entidades que acuden al enriquecimiento sin causa justa, al cobro sin fundamento jurídico.

Al introducirse en el “Acuerdo”, en el Memorando numeral 4 del artículo 12: “Cualquier capitalización de intereses de nuevas emisiones de bonos del Gobierno se incluirá como gasto para el propósito de medir el déficit del SP (Sector Público)”, en esencia se pretende revalidar supraconstitucionalmente la capitalización de intereses, porque ya incluida en el “Acuerdo”, se le retraza la muerte, se le prolonga el efecto nefasto sobre toda la comunidad. Como existió abuso del derecho según el artículo 830 del código de comercio, los perjudicados deben ser indemnizados; de una manera soslayada y también en forma descarada y abierta, como existe un efecto macabro sobre la situación general en Colombia, violando nuestra autodeterminación, se está presionando violencia institucionalizada coexistente e inherente con el terrorismo económico, con todo este absurdo intervencionista se disfraza el mantenimiento de la guerra, de las masacres, de los asesinatos selectivos y muchas atrocidades del capitalismo salvaje, con la lucha absurda contra la legalización de la droga.

 

Pero, como el interés del Superestado de las Multinacionales, es económico, lo que se busca, principalmente es evitar la solución definitiva al déficit fiscal, impedir que se elimine el pago de intereses sobre intereses por parte de las entidades territoriales a los bancos y evitar que el megasaqueo sea puesto al descubierto y se impida su legitimidad, hoy institucionalizada o revitalizada con el “Acuerdo”; otras formas antes mencionadas que se derivan de este innecesario y expoliante endeudamiento de los municipios y departamentos, es la asfixia económica, a través de la reducción de las transferencias y recorte del gasto público, así, funciona el bloqueo al Estado Social de Derecho, implementado por los tiranos locales, por gente sinverguenza, por gente que perdió los principios que en la infancia recibió de la familia, hoy para ellos la familia no es la célula de la sociedad, simplemente es un grupo para aparentar riqueza o poder, según la capacidad de manipulación. ¿ Qué hacer, para apuntalar la insolvencia financiera :  arrojar todo y a todos en el fuego de los refinanciamientos hiperinflacionarios con tal de sostener una estructura irracional o acabar las causas ?. No quieren aceptar la realidad de que el actual sistema financiero global está irremediablemente en bancarrota, y que cada nueva bocanada de aire que obtiene el sistema, asegura que el desenlace explosivo sea peor.

 

Con el “Acuerdo”, se trata de demorar los pagos por concepto de indemnización y las determinaciones reconociendo la deuda social que el terrorismo económico tiene con el pueblo soberano; legislación preexistente; si estos hechos se consideran como parte de un proceso global, entonces podemos exigir la eliminación de las instituciones que ejercen el terrorismo económico; debemos pensar e implementar la anulación del absurdo económico. El desastre financiero, parecido a la quiebra del fondo financiero de apuestas especulativas LTCM (Long Term Capital Management), originó una serie de esfuerzos de alto nivel para ocultar la realidad y para administrar la crisis, se imponen ilegalmente condiciones de consecuencias negativas que impiden la paz.

La falta absoluta de valores y principios es la constante del terrorismo económico, por esta razón, en todo el mundo se habla de la terminación del sistema financiero, de una desintegración financiera global y una próxima recesión mundial. Para prevenir el pánico en los mercados financieros internacionales, porque en un ambiente económico y financiero internacional, la venta acelerada de bonos hubiera elevado los rendimientos por encima de los esperados, hubiera habido una desintegración en cascada en los bonos globales y las bolsas de valores, se confunde a los deudores con campañas publicitarias, con la disculpa de que se va a recuperar la confianza a cualquier precio y método. Están expandiendo sus préstamos a instituciones altamente elitistas; los más grandes fondos de especulación en el mundo, para discutir la crisis por la que estaría pasando esos fondos y como ahora lo reconoce todo mundo, han puesto a todo el sistema financiero internacional al borde de la desintegración, por querer implantar el abuso del derecho, la usura y el abuso de la autoridad.

 

El pagaré final cuya devaluación va a mandar directo por el caño a todo el sistema financiero mundial. El año 2000 se inició una conmoción financiera por el aumento de un cuarto de punto en la tasa de interés de los Estados Unidos. En otros continentes es menor la sumisión a las políticas de la usura internacional y hay naciones que están tomando rutas alternas para salvar sus economías nacionales, incluyendo el control de capitales, el congelamiento de la deuda, entre otras cosas.

 

La manipulación del poder económico, necesita de la inflación, porque hoy le és fundamental, para promover la especulación cambiaria, mercantil y financiera, promovió el establecimiento de las elevadas tasas de interés que nos condujeron a la más profunda expropiación hipotecaria y expoliación económica. En cuanto al promedio favorable de los precios de los alimentos, la falta de circulante autoreguló la intermediación, porque todo se debió al aumento sustancial de la oferta en virtud de la lenta reactivación del campo. El factor climático y la misma baja demanda fueron factores determinantes positivos dentro de la iliquidez, en contraposición al dogma planteado por Milton Friedman, la existencia de medios de pago dinero en abundancia es positiva, distribuyéndolos por medio de los Fondos de Producción Local, con la eliminación total de la intermediación financiera especulativa, causa del desorden mundial.

 

Estamos demandando la inconstitucionalidad de las causas de la violencia institucionalizada, ¿cómo evita, el modelo acumulativo que objetivos con profundo contenido social se realicen?; para la élite le parece anacrónico el precepto de procurar una sociedad más próspera, justa e igualitaria, porque en lugar de la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades, le prevalece el afán desenfrenado de lucro y concentración económica; este modelo ultradefensor de la gran propiedad privada, pretende que entre más ahorros se generen, por consiguiente, habría más inversiones y mayor crecimiento se realizaría.

Con el “Acuerdo”, el F.M.I., guardián de la deuda externa impagable, logra prolongar su nefasta incidencia. La verdad es que el ahorro es imposible mientras persista el megasaqueo, la realidad desbordó este dogma; no son los papeles los que generan cultura, es el trabajo el que genera plusvalía, comportamientos armónicos, convivencia, sanas relaciones sociales y en general intercambio justo; es el trabajo el que construye comunidad; es el trabajo el que permite la creatividad en relación directa con la producción.

 

¿ Porqué las empresas no subieron los precios de sus productos? Es porque no hay inflación y no existe el circulante suficiente, entonces no hay compra. Esta circunstancia, fue factor principal del decrecimiento y reducción de la inflación, porque el Banco de la República, encargado de eliminar la inflación, no actúa constitucional y objetivamente, además su política monetaria, fue la causante del crecimiento de la Deuda Externa y su servicio. Para que se anulen las presiones inflacionarias y se contribuya al verdadero crecimiento económico y a la producción, es indispensable implementar la deslegitimación la deuda externa por su inconstitucionalidad y efecto desintegrador.

 

El Superestado de las Multinacionales, impide sistemáticamente la integración latinoamericana, eludiendo la sana vinculación internacional a nuestros vecinos.

El artículo 1 de la Constitución se evade al prolongar la deuda externa porque esta en esencia es desintegradora. El continente está en recesión y creciente desempleo, pero si los gobiernos latinoamericanos lograran que un tercio (33%) de la deuda actual de 750,000 millones se convirtiera en inversión a través de las Pequeñas y Medianas empresas del continente, la deuda se reduciría a 500,000 millones, las economía se reactivaría y el empleo productivo crecería. Anualmente un tercio de los pagos (hoy de 125,000 millones) se orientaría a las Pequeñas y Medianas empresas que brindan el 80% del empleo latinoamericano. En esta nueva situación, el pago del capital restante y de sus intereses estaría asegurado, por el crecimiento económico con justicia que esa medida significaría en el cuadro de una globalización racional.

 

Poniendo fin a la Guerra Fría y a la carrera armamentista, continua  creciendo la posibilidad de anulación de la Deuda Externa, y acercar al Norte del Sur, a los países globalizadores a los países globalizados. La Década de 1980-1990, de parálisis económica, deterioro de los índices sociales y de enorme crecimiento de la deuda, fue también una década de temor ante los acreedores y de especulación y complicidad con la banca extranjera a la cual se pagó sumas enormes, sacrificando y desuniendo al pueblo latinoamericano. Fue una década perdida por inacción y capitulación. En los años 1990-1999, la Deuda Externa, se pagó mucho más que antes pero la deuda siguió creciendo, se impuso desesperada, dogmática y abusivamente el neoconservatismo de la gran propiedad privada en el continente, se vendieron empresas públicas, se pagaron intereses altos al capital especulativo, se aumentaron los impuestos, porque el esfuerzo absurdo por continuar el pago, ha duplicado tanto el desempleo como la Deuda Externa. No solamente se ha pagado intereses sino también una gran parte del capital como producto de los acuerdos Brady.

Con la capitalización de intereses la deuda externa crece, se hace impagable y se vuelve papel chatarra. No ha servido, sino para mantener parásitos de la sociedad, para que el megasaqueo se institucionalice sin reflexionar sobre los efectos del individualismo, que por medio de la tecnología de la muerte hace que se esté perdiendo la razón de ser del pensamiento, de los recursos y de la vida. Los países que llegaron al año 2,001 con más desempleo y pobreza, y con el doble de la deuda externa, cumplieron al pie de la letra el mandato del modelo neoconservador de la gran propiedad privada. En América Latina se vive, una nueva crisis de la deuda externa, porque el crecimiento de ésta y el peso de su servicio amenazan la agudización de la violencia institucionalizada, la cesación de pagos es la respuesta legal y humana, para que la familia sea más importante que las instituciones. El modelo acumulativo, implica una concentración mayor de la riqueza, redujo el poder de los salarios con tarifas e impuestos crecientes, aumentando el desempleo destruyendo empresas.

 

El consumo se disminuyó en el mundo entero en un 60%, debido a la iliquidez y a la integración de la tecnología de punta a las relaciones sociales, pero el terrorismo económico quebró industrias nacionales que quedaron arrinconadas por la violenta apertura comercial. Los cambios generados por el intercambio justo, motiva nuevas relaciones sociales porque como consecuencia de una baja enorme en el consumo mundial, se están recuperando rutinas y principios. Los pagos a los bancos y corporaciones, que en apariencia debían ser los privilegiados del modelo, sus deudores comienzan ya a cesar los pagos a sus acreedores y en lo internacional a fusionarse con ellos; la rotura en la base del consumo, precipita una crisis latinoamericana en el servicio de la deuda.

 

Si en 1985, mediante una decisión común de Latinoamérica se hubiera logrado fijar el tope de 3% en el interés de las refinanciaciones, en vez del 7.5 que se aceptaba, lo que era solamente uno de los puntos exigidos; el monto de la deuda no llegaría hoy a 750,000 millones de dólares sino a 580,000 aproximadamente y en consecuencia, los pagos anuales no comprometerían el 5% del Producto Bruto como ahora, sino menos del 3%. Y si eso no se decidió antes, por qué no se puede intentar ahora un criterio común para que en un firme trato el servicio de la deuda se anule definitivamente? Para que los cambios generados por el intercambio justo, motiven nuevas relaciones sociales como consecuencia de una baja enorme en el consumo mundial, las rutinas y principios deben ser las guías para la Comisión Económica para América Latina CEPAL, del Sistema Económico Latinoamericano SELA, para otros organismos, para verdaderos acuerdos bi y multilaterales, donde los nuevos valores morales, éticos y formas de integración que se deben introducir en la agenda del continente, sean los horizontes de la pervivencia; con carácter de urgencia nacional, debe tratarse el tema del endeudamiento impagable y abusivo, su debate, lleva el compromiso a los pueblos soberanos para implementar la democracia decisiva; en segundo lugar se puede acudir a las altas cortes nacionales e internacionales y congresos legítimos, para obligar a los gobiernos a tomar decisiones conjuntas y movilizar la opinión pública para obtener la anulación definitiva de la deuda externa.

En Colombia, con la demanda de inconstitucionalidad del “Acuerdo”, se deslegitima la deuda externa, deuda que irracionalmente se ha ido aumentado tras muchos años de omisión, porque con trucos como este, se refunde la responsabilidad y la asume el F.M.I., al no tener supuestamente la posibilidad de ser juzgado en Colombia, por los delitos cometidos, porque con ello se busca evadir sistemáticamente la ley colombiana y bloquear indefinidamente al Banco de la República. No se puede tolerar que el orden jurídico justo, contenido en nuestra legislación preexistente, no se puede cohonestar el saqueo del patrimonio público con la privatización de bienes de uso público, no se puede seguir en complicidad de la asfixia al estado Social de Derecho mediante reformas estructurales, recortes al gasto público y todas las formas inconstitucionales de intervención en nuestros asuntos internos por parte del F.M.I. Pero, al cumplir el artículo 1 de la Constitución Política, se logra implementar la integración latinoamericana, se evita el aumento de la deuda que en estos años se había traducido en una mayor concentración de la riqueza en algunos grupos económicos que deberán responder por lo esencial del pago.

 

Los acreedores deben pagar la deuda social y asumir una reducción decisiva de la deuda externa, mediante la conversión de una parte importante en inversión, se está invirtiendo lógica y filosóficamente la culpa. El pueblo que ha sido vapuleado, que es masacrado diariamente, tiene en la Constitución y en Estado Social de derecho, la gran legitimidad para reencarnar la verdadera libertad contra el abuso de la autoridad. Un deber político para los movimientos populares, es la continuación, presentación e implementación de alternativas en democracia decisiva en Colombia con la reforma financiera que estamos haciendo cumplir, sin pedirle permiso a nadie; también sirve para el socialismo chileno, para las fuerzas de izquierda, o el partido de la Revolución Democrática de México y los sectores renovadores del PRI, muy especialmente para la juventud estudiosa y trabajadora del continente; la recuperación del espíritu justicialista del radicalismo argentino que estuvo en el gobierno ó al peronismo; la decisión por los grandes temas sociales para el aprismo peruano que ha combatido la deuda externa desde hace varias décadas.

 

Las medidas de la Superintendencia Bancaria, no sirven para evitar la especulación financiera, por ejemplo, a finales del año 2000, modificó una norma relacionada con la tasa de cambio aplicable por los bancos, para presentar sus estados financieros, para evitar una alta demanda de dólares al cierre de períodos y un dispare de la devaluación, pero el Banco de la República, le permitió a los bancos cuadrar su posición propia o cantidad de dólares con la Resolución 18 del 3 de Noviembre de 2000; los bancos agenciaron el aumento de la demanda de dólares de los bancos, con el objeto de incrementar la llamada posición propia, así, se amplió el monto máximo del 20% al 50% de las divisas que se pueden contabilizar y permitió excluir de la posición de contado, las inversiones en moneda extranjera, se aumentó la cantidad de dólares de las entidades financieras, para mantener una capacidad que los bancos utilizan en forma activa para especular con el dólar, aumentar la deuda externa y devaluar el peso colombiano.

La gimnasia bancaria, es agenciada y avalada por el Banco de la República, generando una liquidez en el mercado de pesos que ha sido destinada a la compra de dólares por parte de bancos grandes, en operaciones de cubrimiento, liquidando reintegros para obtener ganancia, no para generar armonía. Esta liquidez genera enriquecimiento sin causa justa, porque no funcionan los organismos de control, sin querer queriendo, cohonestan la especulación. En acción y omisión, aparentando un ejercicio de control, la Superintendencia Bancaria, hasta diciembre del 2000, está exigiendo la rentabilidad mínima obligatoria para fondos de cesantías en el 15,79%, y para fondos de pensiones en el 20,25%, eludiendo el interés legal, constante matemática vigente en el código civil, artículo 2232; este comportamiento desafía abiertamente el orden justo y jurídico. Lo que en realidad está permitiendo es el aumento de la D.T.F., el aumento del interés bancario, el aumento del límite de la usura y la prolongación de la agonía de la capitalización de intereses; la Superintendencia Bancaria lo que está agenciando es el desacato a la legislación y jurisprudencia colombiana, tampoco permite la democratización del crédito ni la limitación del alcance económico. 

 

El Banco de la República, con el aumento de la cantidad de dólares o posición propia, a los bancos, está quitando valor a nuestra moneda o devaluando el peso colombiano, autoriza especular con los dólares, permitiendo aumentar la deuda externa y consiente disminuir la capacidad adquisitiva de la moneda, por la vía de la devaluación, está burlando la Carta Magna, las leyes los códigos y Sentencias de la Corte Constitucional, amparado en un “Acuerdo”, extraconstitucionalmente lo que está avalando es la anarquía.

 

¿ Cual soberanía monetaria, económica y política con esos comportamientos apátridas ?, ¿ Cual regulación monetaria y cambiaria, con esa complicidad hacia el enriquecimiento ilícito ?. La dilatación de los mercados financieros ha producido el aumento de la deuda ya sea de los gobiernos, de empresas y de individuos. La debilidad de las estructuras financieras y de las instituciones ha exigido una constante intervención de los gobiernos de diversos países.

 

La dolarización se impone, con el anterior comportamiento anómalo por parte de los responsables de regular el mercado financiero, se castiga para eliminar las monedas nacionales, aumentar la deuda, imponer dependencia y acabar con la soberanía nacional. Después de 1980, los intereses que habían aumentado radicalmente, disminuyen la posibilidad de emisión con soberanía monetaria, los bancos institucionalizaron la usura, trasladando los vicios del crédito personal mediante la capitalización de intereses, al crédito externo público; se elevaron las cantidades que debían los países a sus acreedores del norte, principalmente por medio de la intervención en asuntos internos de Colombia. Debido a que los ingresos fiscales cayeron durante la recesión global, la mayoría de estos países han tenido que pedir nuevos préstamos para pagar las antiguas deudas. La pretensión de dolarizar las economías del mundo, tiene el antídoto en las monedas locales, fondos locales de producción y sistemas de intercambio justo que la comunidad está implementando en forma actualizante y creativa.

La hegemónica pretensión de desaparecer las monedas nacionales, está en ejecución infame, ya de manera descarada en Ecuador, pero de manera sutil con la permanente devaluación, o sobrevaluación de la tasa de cambio, como de manera errónea definen los apátridas, se elimina paulatinamente nuestro peso colombiano. Con el debilitamiento de nuestra moneda, con la pérdida de poder adquisitivo, se está dando paso a la abusiva y no soberana dolarización. Con el aumento de la deuda sobre deuda, se están cobrando intereses sobre intereses, la dolarización de las economías, está dejando a los países pobres con poca esperanza de escapar a las fórmulas que son fruto de la misión del F.M.I., para tratar que los países paguen sus deudas.


 El pago de la deuda y su servicio, es dinero que de utilizado como inversión social, de manera justa sería usado para proporcionar vacunas y medicinas que combaten enfermedades prevenibles, para promover la nutrición infantil, el agua limpia y la educación, y para construir una infraestructura básica que fomente el desarrollo es extraído de los programas de servicios sociales para poder pagar la deuda. Mientras tanto, el recaudar nuevos fondos cobrando impuestos a los ricos es comúnmente rechazado por legisladores ricos. En lugar de eso, los gobiernos típicamente arrodillados, imponen impuestos en ventas que afectan más duramente a los pobres.

 

Las privatizaciones, ordenadas por el “Acuerdo”, son violatorias del artículo 63 de la Constitución Política, son determinaciones ilegales porque están enajenando lo invendible, como son los bienes de uso público. Miles de millones fueron prestados por bancos comerciales, gobiernos del norte y bancos de desarrollo multilateral a gobiernos represivos por razones con las que la mayoría de su gente no estaba de acuerdo y con resultados de los cuales no obtuvo ningún beneficio.

 

Por el paso de Hong Kong a la China en 1998, durante toda esa década, generó un ataque hiperespeculativo y de insaciable sobreexplotación contra la población asiática con jornadas de 16 horas diarias; milagro que tenía que reventar de alguna manera, por lo escandaloso, provocó el más reciente episodio de inestabilidad global en los mercados financieros.

 

El banco central de Hong Kong, resistió la presión para devaluar, contaba para ello con 85 mil millones de dólares, más otros 120 mil millones de las reservas internacionales del gobierno de China. Pero esa resistencia cedió por el lado de los capitales que en su fuga generaron una fuerte caída de la bolsa de valores. Esta fue otra manifestación de los crecientes desequilibrios económicos en los países del este asiático que han ocasionado devaluaciones, un excesivo nivel de endeudamiento y fragilidad en los sistemas bancarios.

 

El milagro asiático era ficticio, ese escenario virtuoso se había convertido en una referencia obligada y hasta en un patrón para medir el desempeño de otros países, especialmente los que se han denominado como "mercados emergentes" y entre ello varios de América Latina.

Este criterio lo aplicaban los analistas de las casas de inversión para colocar los recursos de sus fondos y moverlos de un lugar a otro, los ideólogos del librecambio para argumentar en contra de la intervención estatal en la economía y la alta burocracia de los organismos financieros multilaterales para establecer las condiciones de los financiamientos y apoyos que otorgan a los países. Su discurso quedo en la picota pública, es un fracaso total.

 

¿ Cómo se acumuló esta deuda ?, ¿ No debería ser pagada?. Las deudas no abusivas, legítimas y honorables deben ser respetadas. Desafortunadamente, mucha de la deuda de hoy es cualquier cosa, menos  honorable, es fruto de la especulación, no del servicio social que supuestamente debían haber desempeñado los bancos. Con el “Acuerdo”, simulan un préstamo que ya se rechazó pero se está institucionalizando el megasaqueo, se pretende entregar el patrimonio público inembargable, imprescriptible e inalienable.

 

Ya había ocurrido un ataque previo contra la moneda de Tailandia en el mes de julio de 1998, que forzó su depreciación y ha acarreado el cierre de 16 bancos en ese país, así como la instrumentación de un financiamiento contingente por parte del F.M.I., más oneroso que el aplicado en México hace casi cinco años. De tal manera, se está creando una situación que desbarata el escenario de solvencia y de capacidad de crecimiento sostenido que caracterizaba a esa región, reconociendo que en China no existe inflación, ni especulación, ni descomposición social, ni devaluación porque su sistema por medio del subsidio correctamente utilizado estabiliza el alquiler de la vivienda en el 0,85% del ingreso, los servicios suman 1,59% del ingreso, confirmando nuestra petición de definir las metas mediante constantes no por medio de variables.

 

Los efectos del paso de Hong Kong a la China, se transmitieron con rapidez alrededor del mundo y en una sola jornada, el 23 de octubre de 1998, hubo un fuerte ajuste a la baja en el valor de las acciones en todos los mercados. Hoy, los índices de precios de las principales bolsas del mundo están en su nivel más bajo de los últimos doce meses. Se ha gestado de manera consistente desde los primeros años de la década de 1970, cuando se rompieron las reglas establecidas al final de la segunda guerra mundial. Una primera manifestación de la vulnerabilidad que se iba creando fue la crisis de la deuda de 1982 que cimbró al sistema financiero y provocó una enorme transferencia de recursos a escala mundial, con ello se hipotecó la capacidad de desarrollo y se comprometió la estabilidad económica y política de los países deudores.

 

En todo caso, se aprecia que los recursos que se usan para hacer transacciones financieras, tanto aquellos provenientes de la circulación monetaria, es decir, de los cauces legales, más las grandes sumas de los circuitos ilegales, superan por mucho a los recursos que tienen disponibles las autoridades financieras nacionales para hacer frente a los desajustes que se provocan en los mercados. Al mismo tiempo se ha gestado un desorden institucional en el que la disminuida capacidad de intervención de los gobiernos no logra ser sustituida por un marco reglamentario suficiente para prevenir la fragilidad financiera.

La misma política económica se ha supeditado a las exigencias de los mercados financieros y tiene hoy también un carácter global. En muchos casos los bancos comerciales y las firmas de inversión quiebran y requieren de la inyección de fondos públicos que representan altas proporciones del producto interno bruto para el saneamiento de los mercados, lo que significa la socialización de las pérdidas; en otros casos las operaciones financieras llegan a los límites de la mera delincuencia en acciones que dan lugar a notas dignas de las páginas rojas de los diarios.

 

Se les pide a los países que eliminen sus monedas, que reduzcan el déficit de sus presupuestos de ingresos y gastos y que aumenten sus exportaciones. En el “Acuerdo”, el peso más grande del ajuste estructural cae sobre los trabajadores, porque la dolarización institucionalizada por medio de la unidad de Valor Real, también trata de justificar la devaluación, la doble tributación.

 

El hecho es que tan solo en los últimos tres años ha crecido en cinco billones de dólares del valor accionario en Wall Street, en una verdadera multiplicación de una riqueza nominal expresada en papel y, por lo tanto, susceptible a desaparecer tan rápido como se ha creado, terminando con ello con las expectativas de una multitud de pequeños inversionistas a los que las empresas que manejan los fondos de inversión les remiten mes a mes saldos cada vez más grandes. A esto es a lo que Alan Greenspan, como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, llamó una "exuberancia irracional" que provoca una enorme desviación entre las utilidades de las empresas y el valor de sus acciones, nuevo colapso financiero, mientras atestigua los recurrentes ajustes de los mercados y ante la imposibilidad para actuar contra los efectos de las distorsiones económicas que provoca la creación de un valor financiero que es en gran parte ficticio. La influencia de la economía hegemónica en las relaciones internacionales, por su afán acumulativo e imposición artificial, ha frenado su expansión con grandes quebrantos y ha generado una mayor debilidad de el sistema bancario, porque la deuda se vuelve impagable.

 

El despotismo local, después de la disolución de la U.R.S.S., representa y ejerce el poder del Superestado de las multinacionales está desbocado para expoliar y mantener en la subnormalidad a millones de seres humanos, en los tiranos locales, quienes se creen y cuentan con su aval y legitimidad para violar la ley, proteger la gran propiedad privada con su acumulación e imponer códigos supraconstitucionales son sus agentes y esbirros.
 
El “Acuerdo”, para impedir determinaciones trascendentales contra la propiedad privada, no puede sugerir definiciones contra el sistema financiero, porque por medio de la intermediación especulativa es que se acumula la propiedad, estructural razón; el “Acuerdo” no exige límites ni puede concebir soluciones, su política tránsfuga, intransigente conlleva a la imposición de libretos; por eso no toca este aspecto clave, para la consecución de la paz.

 

Los derechos de propiedad, constitucional y necesariamente deben ser regulados, como lo exige el artículo 333 de la Constitución Política, para delimitar el alcance económico, para evitar la acumulación generadora de terrorismo y violencia institucionalizadas; construir comunidad en un ambiente, donde los trabajadores saben lo que es suyo y es protegido, tiene seguridad, acompañado de políticas y oportunidades de educación íntimamente ligada a la producción, tiene las respuestas fundamentalmente con la apropiación social de la problemática local, una comprensión colectiva que decida y elabore el planeamiento de sus asentamientos, implementando de la Constitución Política el artículo 1. “Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” Como estos principios contenidos en la Carta Magna son fundamentales e innegables, el gobierno acude al aval supraconstitucional para justificar su incapacidad e irresponsabilidad.

 

Pero una vez más, se están violando los artículos 1, 2, 3, 9, 150 numeral 16, 189 numeral 2, de la Constitución Política para disfrazar, el “Acuerdo”, en Enero del 2001 se le denomina “carta de intención”, a la actualización del “Acuerdo”, sin consulta al Congreso de la República, sobre las metas en materia de déficit fiscal. ¿ Porqué ese pisoteo y saboteo a nuestra soberanía nacional ? Colombia, no tiene porqué, acordar un déficit del sector público consolidado igual al 2,8% del P.I.B. y del sector público no financiero del 2,5% y una reducción del déficit del gobierno central en 1,9% del P.I.B. Este déficit principalmente se debe a la reestructuración o salvamento del sistema financiero, al que este gobierno sin respetar la igualdad ante la ley ha protegido, sin importarle la guerra, es más, el gobierno con el Plan Colombia y la “ayuda” norteamericana, están agudizando el conflicto, para que el fracaso del sistema financiero y su modelo no sean ampliamente criticados y conocidos.

 

Según el plan Financiero del CONFIS, los supuestos macroeconómicos 2001, inflación 8%, T.R.M. $2.235/dólar, devaluación 7,1%, devaluación Real promedio 0,3%, e índice de la Tasa de Cambio Real 115,1. Fuente CONFIS enero 2001. Son oscuros e inconstitucionales propósitos de adelgazamiento y control al presupuesto nacional, de manejo fiscal y mantenimiento de índices propérdida de la capacidad adquisitiva, todos son procedimientos intervencionistas desde el F.M.I. que no podemos aceptar.

 

Ante el desenmascaramiento del aval supraconstitucional, es inevitable y consecuente la inconstitucionalidad del “Acuerdo”, se tienen estratégicas alternativas, como respuesta soberana, hemos comprobado que mediante una arquitectura abierta, actitudes productivas y una educación contextual, que verdaderamente hacemos prevalecer el interés general sobre el particular, asumiendo una actitud autónoma, trascendental y digna, es como se neutraliza al modelo neoconservador de la gran propiedad privada.

Recuperando la familia como matriz de la sociedad y dinamizando la comunidad, como pueblo soberano que somos, fortalecemos las tendencias sanas que fundamentan la revolución financiera que ha generado la Carta Magna; superando el modelo arribista y acumulativo, nosotros como pueblo soberano, llevamos a la práctica el nuevo modelo colaborativo que distribuye abundancia, para crear un intercambio justo; este es un nuevo espacio para generar los medios de pago suficientes para garantizar la convivencia pacífica, estamos forjando un escenario especial, constituido por los fondos de producción local, que estructuralmente evite la hegemonía y la especulación; un verdadero modelo que respete profundamente la Constitución Política e implemente la justicia social.

 

Al Pacto Social, consolidado en la Constitución Política, le es inherente la revolución financiera en marcha, además, porque en sí misma es una reforma política, que el pueblo soberano viene implementando por medio de hechos irreversibles hacia la paz, también conlleva la defensa del interés general; la revolución financiera se le debe a ella, porque permitió la inexequibilidad de la unidad de poder adquisitivo constante, la desinstitucionalización de la expropiación e inconstitucionalidad de la capitalización de intereses; la Constitución Política, exige soberanía nacional, exige autodeterminación, delimitación del alcance económico, democratización del crédito, vivienda digna, defensa del patrimonio público, también plantea la eliminación de la inflación y devaluación como pérdida permanente de capacidad adquisitiva; quienes circunscriben la reforma política por fuera de los logros de este Contrato Social, no comprenden la dinámica generada por la Constitución Política, y se desesperan o la limitan al marco electorero.

 

La apropiación social, del poder público, de nuestra problemática colombiana, está creando diversas alternativas en contra del mandato externo; no podemos aceptar que en nombre de la paz, se continúe el terrorismo económico; no debemos contemplar como espectadores el manejo de nuestras capacidades; no queremos más violencia física ni institucionalizada; no deseamos que el “Acuerdo”, ahora “Carta de Intención con el F.M.I.”, se utilice para evadir la democracia y silenciar el pensamiento creativo; insistimos en la soberanía ejercida directamente para recuperar la vergüenza y la autonomía.

 

Demando mediante el presente derecho de petición, que el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, indemnice al Estado Colombiano, porque en flagrante abuso del derecho, interviene en nuestro asuntos internos, pretende reformas estructurales contrarias a la estructura aceptada por el pueblo soberano en la Constitución  Política; el F.M.I., está implementando la violación de nuestra autodeterminación y soberanía nacional, por medio del ACUERDO EXTENDIDO ENTRE COLOMBIA Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.

 

ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO

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